Las 3 respuestas que le exigen a Karina Milei.
Foto: Agencia NA
Análisis de la contratación directa y las objeciones presupuestarias
Uno de los aspectos más sobresalientes del proyecto refiere a los convenios de contratación directa ejecutados para concretar el evento. La lupa se concentra especialmente en el expediente 79-0012-CDI26, el cual amparó la organización integral de la actividad y cuya adjudicación recayó en la productora DF Entertainment por una cifra equivalente a 8.690 millones de pesos.
Ante este escenario, el legislador formula diversos interrogantes destinados a transparentar el procedimiento administrativo. Entre los puntos reclamados se encuentran las razones técnicas y legales que fundamentaron la elección de esa modalidad de contratación por parte del Estado, los parámetros considerados para evaluar las ofertas presentadas y los mecanismos de fiscalización aplicados para supervisar el uso de los fondos públicos.
A su vez, el proyecto plantea dudas sobre posibles conflictos de interés debido a los vínculos comerciales de la empresa prestataria con la administración del estadio Luna Park, a la vez que solicita precisiones sobre las firmas subcontratadas y las prestaciones que cada una aportó.
Cuestionamientos sobre los accesos exclusivos y la situación de las autoridades
El segundo eje de la requisitoria examina el esquema de acreditaciones y la delimitación de los sectores de acceso exclusivo dispuestos durante la ceremonia.
El pedido de informes busca dilucidar la conformación de los padrones de invitados a las zonas de privilegio, exigiendo detalles sobre quién avaló cada invitación y el ámbito al que pertenecían los asistentes, un universo que incluyó a funcionarios, legisladores, magistrados, empresarios, autoridades eclesiásticas y figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación.
La propuesta legislativa advierte además una discrepancia significativa en la documentación oficial: mientras los pliegos iniciales contemplaban unos 4.000 invitados VIP, con posterioridad se habría informado que únicamente 200 correspondían formalmente a Nación y a la Ciudad de Buenos Aires.
En sintonía con estas controversias, el proyecto recupera un episodio de fuerte repercusión política como fue la queja pública de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien manifestó no haber recibido el código QR indispensable para ingresar al predio. Por medio de esta solicitud, se intenta determinar qué dependencias supervisaron los accesos y si otras autoridades nacionales atravesaron situaciones similares.
Financiamiento, rubro gastronómico y normativas de transparencia
El tercer capítulo de la iniciativa parlamentaria aborda los costos y la provisión de alimentos, bebidas y servicios de catering durante las actividades oficiales. El legislador demanda que el Gobierno desglose qué proporción de dichas erogaciones fue asumida por el Tesoro Nacional, qué parte recayó sobre el presupuesto del gobierno porteño, qué aportes realizó la Iglesia y si existieron contribuciones de empresas o particulares.
Para el supuesto de haberse percibido aportes de origen privado, el proyecto exige identificar a los dadores de fondos, precisar las sumas exactas involucradas y explicar si dichas colaboraciones implicaron algún tipo de contraprestación.
Finalmente, el planteo subraya la necesidad de verificar el estricto cumplimiento de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y del Decreto 1179/2016, normativas que regulan la recepción de obsequios y beneficios por parte de los agentes estatales, con el fin de transparentar la administración de los recursos en un acontecimiento de gran relevancia institucional.
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