Con un polémico argumento y poco democrático la oposición presentó un proyecto de ley que busca limitar los derechos de los privados de libertad. En los hechos, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio propuso en el Congreso que los presos no puedan votar.
El motivo de la presentación del proyecto de ley por parte de la oposición resulta polémico: JxC considera que el voto de las personas privadas de su libertad es tendiente a favorecer al oficialismo actual.
“La privación de la libertad de una persona lo pone en una situación en la cual ciertos derechos y obligaciones no pueden ser ejercidas”, argumentaron.
Y añadieron: “Consideramos derogar la normativa que permite e impone el sufragio a las personas privadas de su libertad en estado de prisión preventiva, por resultar un riesgo enorme y por ser un expendio injustificado por parte del Estado”.
El pedido lo encabeza el diputado nacional Alberto Asseff (PRO), pero lleva las firmas de sus pares: Gerardo Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, María Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.
En concreto, el proyecto de ley propone derogar la Ley N°25.858 respecto al derecho a votar de las personas privadas de su libertad por orden judicial.
A su vez, la iniciativa plantea que se agregue un inciso al artículo 3 bis del Código Nacional Electoral, de modo de establecer que quedan excluidos del padrón electoral “los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad”.
Para la oposición, y según describe en sus argumentos, la Ley 25.858 resulta ser “un mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado que detenta el oficialismo”.
Del mismo modo, los diputados de JxC cuestionaron que “el procedimiento para el sufragio de personas privadas de su libertad implica una erogación económica que obviamente debe ser afrontado por las arcas del Estado”, y agregó que “esos fondos pueden ser destinados a mejorar la situación carcelaria de los mismos internos a los que el oficialismo intenta ‘beneficiar’ con el otorgamiento del sufragio”.
Por último, la oposición considera que celebrar elecciones en centros de detención "implican un riesgo grave para la seguridad, ya que el escenario sería óptimo para llevar a cabo ‘motines’ o fugas de internos”.