Lo que hace tan interesante el caso es que los medios de comunicación pro gubernamentales utilizan la erosionada figura de Mauricio Macri y toda la politización sobre su mala gestión para intentar fundamentar una quiebra que precisa el Estado K para borrar los errores multimillonarios cometidos por Néstor Kirchner.
Lo cierto es que hasta las instalaciones de la Planta Clasificadora, muchos de los camiones distribuidores y hasta la plataforma inteligente para proveer el servicio de ' Track and Trace' que utiliza el servicio postal del Estado, pertenecen a Correo Argentino S.A.
La Dirección Electoral del Correo Argentino es el área especializada en el desarrollo de la planificación, dirección, coordinación y control de la logística electoral en todos sus niveles, nacional, provincial, municipal, como así también de otros entes públicos o privados. Casi todo su equipamiento pertenece a Correo Argentino S.A.
Una visita al Registro de Catastro permitirá verificar que los predios sobre los que se levanta la Planta Clasificadora también pertenece a Correo Argentino S.A., fundamento para la denuncia de que el Estado Nacional incurrió en un vaciamiento de la empresa de los Macri, un apellido hoy con mala prensa pero esta realidad no modifica el hecho jurídico.
El fondo del fondo
Precisamente un enfoque estrictamente jurídico permite comprender que la necesidad del Estado Nacional en promover abiertamente la quiebra de Correo Argentino S.A. va más allá de la política y le resulta mucho clave para sus intereses.
Declarada la quiebra, el Estado Nacional podría hacerse cargo del quebranto y cesar los juicios en su contra que inició Correo Argentino S.A., y en los que se encuentra muy pero muy comprometido el Estado Nacional.
El disfraz de toda esta situación -que es resultado de la mala praxis de Néstor Kirchner- es la la politización del caso a la que se ha prestado el propio Mauricio Macri.
Con la politización del caso, el Estado construye una épica del robo de la propiedad privada, origen del proceso de desinversión intenso que padece la Argentina por su inseguridad jurídica. Con la politización del caso, el Estado construye una épica del robo de la propiedad privada, origen del proceso de desinversión intenso que padece la Argentina por su inseguridad jurídica.
Sin embargo, tal como sucedió con YPF, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas, el asalto del Estado Nacional sobre los activos privados resultó lesivo para los intereses de los legítimos accionistas, incorrectos desde lo jurídico.
En el caso de Repsol (YPF), Aguas Argentinas (Grupo Suez) y Aerolíneas Argentinas (ex Marsans), lograron acudir al tribunal arbitral Ciadi, donde expusieron sus argumentos y el Estado Nacional terminó acordando en diversas instancias la indemnización correspondiente a quienes eran los legítimos propietarios.
Por ejemplo, US$ 245 millones a Grupo Suez por lo que hoy se llama AySA, US$ 5.000 millones por el 51% de YPF y US$ 287 millones por Aerolíneas Argentinas. El monto total de todas las indemnizaciones pagadas por el Estado fue mucho mayor pero estos 3 casos fueron emblemáticos.
Estas empresas pudieron demandar ante el Ciadi porque eran extranjeras e hicieron reservas legales previas. Pero no ocurrió con la empresa Correo Argentino S.A., de capital local y con otras condiciones en su contrato de concesión.
Los hechos
En sus demandas al Estado Nacional, Correo Argentino S.A. ha insistido en que entre 1997 y 1999 pagó el canon correspondiente pero el Estado acumuló un incumplimiento por sus servicios postales que llevó ofrecerle compensar el incumplimiento como parte del pago del canon, lo que fue rechazado por el Estado.
Sin embargo, en ese mismo período y posteriores, el Estado llegó a aceptar, por ejemplo, los incumplimientos de pago de la agencia Telam como monto a descontar del pago de impuestos de los medios de comunicación.
La situación patrimonial de Correo Argentina S.A. fue verificada en 2001 por la Sindicatura General y fue el origen del concurso preventivo de acreedores previo a la decisión de Néstor Kirchner de apropiarse de la empresa privada en 2003.
Los números de la inversión realizada, sin considerar los alquileres y cargos por uso no pagados por el Estado desde su intervención de facto, superan los montos de canon no pagados, y es lo que intentan las autoridades borrar en una eventual quiebra de Correo Argentino S.A., hoy acreedor neto del Estado.
