Una causa que comenzó con una denuncia contra funcionarios puede terminar con los mismos (o más bien el Estado) como víctimas y con el laboratorio AstraZeneca como imputado.
El fiscal Guillermo Marijuan investiga si la firma con sede en Cambridge perjudicó de alguna manera al estado argentino al no entregar aún ninguna de las 22 millones de las vacunas contra el coronavirus comprometidas.
En el marco de esta causa, fue citada como testigo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien deberá presentarse o remitir un escrito este 07/05. En la denuncia original, tanto Vizzotti, como su antecesor Ginés González García y el presidente Alberto Fernández habían sido acusados de diversos delitos.
Pero, según trascendió, ahora Marijuan puso el foco en los directivos de AstraZeneca.
El fiscal considera que el Estado Nacional habría sido víctima de la maniobra investigada. El juez del caso es Julián Ercolini, pero delegó la investigación en Marijuan.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por Josefina de Elizalde -de Acción Conjunta Republicana- contra Fernández, Vizzotti, González García, Sonia Tarragona, Subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica y Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa. Todos ellos fueron acusados de los supuestos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos e incumplimiento a los deberes de funcionario público.
La semana pasada, Marijuan citó a la denunciante para ratificar la presentación y ordenó operativos en el Ministerio de Salud y en el laboratorio de Hugo Sigman, socio de AstraZeneca, para requerir documentación relacionada con los contratos suscriptos para la provisión de dosis al Estado nacional.
La denuncia se presentó el 20/04 y mencionó la fallida negociación del Gobierno con Pfizer. Explicó que más allá de las reuniones mantenidas con sus representantes durante el mes de julio de 2020 y del hecho de haber sido seleccionada la Argentina para realizar ensayos de la vacuna creada por ese laboratorio, no se acordó la compra de vacunas ya que González García no prestó conformidad.
Denunció que habría existido un favorecimiento hacia otro laboratorio, AstraZeneca, para la compra de dosis de las vacunas y que se delegó la negociación con Pfizer en Sonia Tarragona, quien anteriormente había trabajado para Hugo Sigman.
La denunciante indicó que no se explicaron la razones por las cuales Pfizer no acordó con el Gobierno. Destacó también que desde el inicio de la pandemia, González García habría “atado” toda su estrategia a “la vacuna producida por quien sería su amigo -Hugo Sigman-”, motivo por el cual habría dejado de lado las negociaciones con los otros laboratorios.
De Elizalde sostuvo en su presentación que “las negociaciones con el laboratorio Pfizer -que quedaron truncas- fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública".
De acuerdo a clarín.com, cerca de Marijuan sostienen: "Por ahora investigamos si el Estado pudo haber sido víctima de una negociación con AstraZeneca que no tuvo el resultado deseado. Esto no quiere decir que luego pueda haber otros aspectos que deban ser analizados respecto del comportamiento de los funcionarios".
Vizzotti se reunió el miércoles con ejecutivos de AstraZeneca en busca que apurar la llegada de las vacunas. Este jueves el canciller, Felipe Solá, sostuvo que el tema es "un gran problema" y que la firma tampoco aporta "información precisa" sobre la demora.