La situación afecta a unos 3.700 afiliados de la región.
Voces del reclamo y testimonios del impacto humano
Al respecto, Alejandro Sortino, referente y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), actuó como portavoz durante la protesta e hizo hincapié en la gravedad del escenario actual.
"La verdad que es muy preocupante porque no tenemos nada, están cortados todos los servicios prestacionales, médicos y sanatoriales por una deuda que la obra social tiene con la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa)". "La verdad que es muy preocupante porque no tenemos nada, están cortados todos los servicios prestacionales, médicos y sanatoriales por una deuda que la obra social tiene con la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa)".
A su vez, el dirigente sindical advirtió sobre la dimensión inédita de la problemática en la región, remarcando que ningún miembro del personal militar —ya sea de la Fuerza Aérea, la Armada o el Ejército— dispone actualmente de un centro de salud habilitado para su atención.
El costado más crítico de la problemática quedó expuesto mediante los relatos de los propios afectados. Una afiliada que transita un cuadro grave de salud gástrica expuso su desesperación ante los medios de comunicación:
"Quiero vivir, que no me abandonen. Me suspendieron el tratamiento y me dejaron en pelotas, hablando vulgarmente". "Quiero vivir, que no me abandonen. Me suspendieron el tratamiento y me dejaron en pelotas, hablando vulgarmente".
Según detalló, la interrupción de su asistencia médica ocurrió hace tres meses, justo en el momento en que transitaba su cuarta sesión de quimioterapia.
Falta de respuestas institucionales y situación financiera
Los manifestantes denunciaron una ausencia absoluta de interlocutores y explicaciones oficiales por parte de la conducción del organismo. Sobre este punto, Sortino señaló: "Nadie nos viene a dar una explicación. Ni un mail, ni una autoridad de IOSFA central que nos diga qué es lo que está ocurrido, qué van a hacer o cómo lo van a solucionar".
Adicionalmente, el representante gremial indicó que el pasivo de la institución a escala nacional trepó a unos 220 mil millones de pesos, una cifra que contrasta fuertemente con los registros contables correspondientes al ejercicio 2023, los cuales reflejaban saldos positivos y ausencia de déficit.
Como consecuencia de este escenario, las entidades médicas privadas de Rosario comenzaron a exigir el pago particular de cada práctica, una alternativa imposible de afrontar para los trabajadores del sector.
En ese sentido, el delegado remarcó que "Nadie puede afrontar los gastos de salud del momento, una internación cuesta un millón (de pesos), eso no existe porque todos aportamos".
Afiliados afirman que hay cortes de prestaciones.
Postura de los beneficiarios y próximos pasos
Los manifestantes enfatizaron que rechazarán cualquier alternativa parcial que derive en un encarecimiento de la asistencia médica. "No queremos parches, no queremos que nos pase como le pasó a Gendarmería y a Prefectura, que la mandaron a una obra social donde están pagando de más. Nosotros queremos recuperar nuestra obra social, la que siempre nos cuidó", expresaron.
Cabe destacar que, con anterioridad a la suspensión generalizada, los afiliados ya venían afrontando el pago de elevados coseguros por cada consulta, con importes que oscilaban entre los 20 mil y los 30 mil pesos. Ante la magnitud del conflicto, los damnificados confirmaron que mantendrán las protestas e incluso planifican trasladarse hacia el Ministerio de Defensa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para exigir soluciones a nivel nacional.
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