Ante esta compleja coyuntura, el cuerpo de trabajadores reclama el reintegro inmediato de la totalidad de la plantilla afectada, la interrupción definitiva de las cesantías y el resguardo efectivo de la cobertura médica para todos los afiliados.
Acción judicial para frenar las cesantías
En el plano federal, el sindicato ATE interpuso un recurso de amparo junto con una solicitud de medida cautelar en los tribunales de la Justicia Federal de Azul, dirigidos contra la conducción del IOSFA. El propósito de esta presentación judicial es suspender los despidos del personal de planta permanente, cuyas notificaciones tienen fecha de ejecución para el próximo 30 de noviembre de 2026.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, quien se desempeña como secretario general de ATE a nivel nacional, criticó severamente la determinación oficial y aseguró que estas bajas atropellan las garantías laborales previamente obtenidas y el derecho a la permanencia en el sector estatal.
"El intento de materializar cesantías masivas vulnera todos los derechos adquiridos por los trabajadores. De manera unilateral, se está atacando la estabilidad en el empleo público". "El intento de materializar cesantías masivas vulnera todos los derechos adquiridos por los trabajadores. De manera unilateral, se está atacando la estabilidad en el empleo público".
Esta conflictividad se enmarca en una serie de resoluciones adoptadas por la administración de Javier Milei con el fin de reestructurar el esquema sanitario de las Fuerzas Armadas.
De la disolución del IOSFA al recorte de personal
Dentro de este proceso, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 88/2026 había ordenado inicialmente el cierre del IOSFA y la reubicación de todo su plantel hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
No obstante, tiempo después, el decreto 1286/2026 —dado a conocer el 27 de octubre— modificó ese criterio al determinar que la absorción laboral se limitaría exclusivamente a aquellos agentes que el nuevo organismo juzgue como “estrictamente necesario”.
La pérdida de estabilidad de la "Dotación Inicial"
Apenas 48 horas más tarde de dicha publicación, se emitió la Disposición 709/2026, normativa mediante la cual se dejó sin efecto la garantía de estabilidad de la llamada "Dotación Inicial", un grupo compuesto por empleados que habían accedido a la planta permanente durante el año 2023.
Como consecuencia directa de esta resolución, los integrantes de ese plantel empezaron a ser notificados de sus despidos.
Desde la conducción de ATE argumentan que este paquete de medidas transgrede el principio de estabilidad del trabajador estatal, un derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al tiempo que reprueban la alteración unilateral de las condiciones de contratación que ya habían sido validadas con anterioridad.
Pedido de inconstitucionalidad y nulidad ante la Justicia
Finalmente, en el escrito elevado ante los jueces, la entidad gremial requirió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU 1286/2026 y se anule la Disposición 709/2026.
El planteo legal del sindicato se fundamenta en que estas normativas lesionan el derecho constitucional a trabajar, la estabilidad propia del empleo público y el principio jurídico de progresividad en materia de derechos laborales.
ATE presentó una acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia Federal de Azul contra las autoridades del IOSFA, para frenar los despidos de trabajadores de planta permanente comunicados para el 30 de noviembre de 2026.
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