El implemento de un "ingreso universal" para sectores en situación de informalidad y desempleo podría ser un nuevo eje de disputas dentro del gobierno de Alberto Fernández.
Desde la Casa Rosada, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, sostuvo la semana pasada que no existía la convicción de que una asistencia de ese tipo no es una "solución" para la problemática social y ponderó herramientas ya existentes.
"No tenemos hoy un estudio que a nosotros nos indique que el ingreso universal sea la solución porque universal quiere decir universal; me tocaría a mí también por ejemplo", dijo la funcionaria en una entrevista con eldiario.ar.
Ahora, ese mismo medio asegura que un proyecto de salario universal "se discute al más alto nivel". Pero ese alto nivel no implicaría al Presidente y al ministro de Economía, Martín Guzmán, sino a la vicepresidente Cristina Kirchner y La Cámpora.
"Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, que anticiparon más de una vez una posición en principio refractaria a la propuesta, mantienen un vínculo estrecho con el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y, según dicen entre los movimientos sociales afines al gobierno, ya no le cierran la puerta por completo", remarca eldiario.ar.
Aunque el proyecto original que fue presentado al Gobierno fue el del director del Banco Nación Claudio Lozano, la iniciativa que contaría con interés del cristinismo es una de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una organización que agrupa a movimientos sociales entre los que se destaca la CTEP de Juan Grabois.
Este sector pretendería que ya se incluyan las partidas en el próximo proyecto de presupuesto.
El portal de noticias consigna que el borrador del proyecto de la UTEP contempla que el Salario Básico Universal vaya destinado a las personas de entre 18 y 65 años en edad de trabajar que no tiene una inserción plena en el mercado laboral.
El beneficio alcanzaría a casi 10 millones de personas y constaría de un monto de un tercio del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con un tope máximo en el monto de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC. Para números de agosto de 2021 eso significaría una prestación de $9.360 mensuales por persona. En el caso de los monotributistas A (o de asalariados formales con ingresos menores al tope de la categoría A del monotributo), sería de un sexto del salario mínimo, $4680.
"Con la vicepresidenta a la cabeza, el cristinismo sostiene que, como sucede con la AUH, sería necesario una contraprestación en materia educativa y laboral para acceder a un beneficio de ese tipo", agrega la nota firmada por Diego Genoud.
El artículo, por otro lado, refleja la puja que esta iniciativa puede generar en el oficialismo:
Cuando fue consultada sobre el proyecto de Lozano, Todesca apuntó a que no se trataba de un ingreso universal, porque tenía exclusiones, por lo que había que "empezar a ver de qué hablamos".
"Y en una economía como la argentina, con todas las heterogeneidades que hay, cuando vos empezás a querer sectorizar inmediatamente te encontrás con los problemas de la informalidad, de la inactividad y las cosas no son lo mismo. Por eso digo que no nos apresuremos porque son temas complejos", dijo.
La vicejefa de Gabinete, una de las funcionarias del riñón albertista, ponderó en su lugar el programa Potenciar Trabajo, destinado a generar más puestos de trabajo a través de proyectos sociales.