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En pocas palabras

Resumen generado por Thinkindot AI

Flybondi contra las cuerdas: Acusan a la empresa de una presunta estafa por sus vuelos

Flybondi también informó en diversas comunicaciones que implementó medidas para incrementar la disponibilidad de aviones.

La crisis operativa de Flybondi sumó un nuevo capítulo que podría escalar a la Justicia penal. Un grupo de denunciantes presentó una acusación contra la aerolínea low cost al sostener que las reiteradas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos no serían simples incumplimientos comerciales, sino parte de una maniobra que, según su interpretación, podría encuadrar en el delito de estafa.

La presentación fue impulsada por el abogado Lucas Bianco, expresidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas, quien afirmó que cientos de miles de pasajeros resultaron afectados durante el último año por las interrupciones en la operación de la compañía.

Mientras tanto, Flybondi continúa comercializando pasajes y operando su red de vuelos, aunque enfrenta un creciente escrutinio por parte de organismos oficiales y de los propios usuarios.

¿Por qué Flybondi enfrenta una denuncia penal?

El eje de la denuncia no se limita a las cancelaciones. Según Bianco, la empresa vendería pasajes para vuelos que luego no estaría en condiciones de operar. En declaraciones radiales, sostuvo que ese mecanismo permitiría utilizar temporalmente el dinero abonado por los pasajeros para financiar necesidades operativas de la compañía.

El abogado llegó a comparar esa dinámica con una "estafa piramidal", aunque esa calificación forma parte exclusivamente de la acusación presentada y deberá ser evaluada por la Justicia, que aún no se expidió sobre el fondo del caso.

De acuerdo con el denunciante, cuando un pasajero compra un ticket con meses de anticipación y posteriormente recibe una cancelación, el reintegro puede demorarse varias semanas, período durante el cual la empresa conserva esos fondos.

Flybondi y las cancelaciones: ¿Qué cifras aparecen en la denuncia?

Uno de los datos centrales de la presentación judicial está vinculado con la cantidad de vuelos afectados.

Bianco aseguró que durante el último año se registraron alrededor de 2.600 vuelos cancelados, una cifra que atribuyó a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Además, afirmó que entre cancelaciones y reprogramaciones existirían aproximadamente 360.000 pasajeros perjudicados.

El abogado también sostuvo que durante mayo de este año Flybondi habría alcanzado una tasa de cancelaciones del 46,5%, muy por encima del resto de las compañías que operan vuelos de cabotaje en Argentina, aunque esos porcentajes forman parte de la argumentación de la denuncia y serán materia de análisis en el proceso correspondiente.

¿Qué antecedentes tiene Flybondi con las autoridades?

La empresa ya había sido objeto de observaciones por parte de organismos oficiales debido a problemas operativos registrados en distintos períodos.

En los últimos meses, la ANAC intimó a la aerolínea para que presentara un plan destinado a corregir las deficiencias detectadas en la programación de vuelos, luego de verificar elevados niveles de cancelaciones y reprogramaciones que impactaron sobre miles de pasajeros.

Las autoridades sostuvieron entonces que el objetivo era garantizar la continuidad del servicio y proteger los derechos de los usuarios frente a los incumplimientos registrados.

Flybondi sostiene que trabaja para mejorar su operación

En distintas oportunidades, Flybondi explicó que parte de las interrupciones obedecieron a factores operativos, disponibilidad de aeronaves y dificultades derivadas del mantenimiento de su flota.

La compañía también informó en diversas comunicaciones que implementó medidas para incrementar la disponibilidad de aviones, mejorar los índices de puntualidad y reducir las cancelaciones.

Hasta el momento, la empresa no emitió una respuesta específica sobre la denuncia penal presentada por Bianco.

¿Qué puede pasar con Flybondi si la causa avanza?

La presentación judicial inicia una etapa preliminar en la que la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para impulsar una investigación penal.

En caso de avanzar, podrían solicitarse informes operativos, documentación comercial, registros contables y antecedentes administrativos para establecer si existió únicamente un incumplimiento contractual o si hubo conductas con eventual relevancia penal.

Mientras ese proceso continúa, el conflicto vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad de las aerolíneas frente a los pasajeros y sobre los mecanismos de control que ejercen las autoridades aeronáuticas en un mercado donde las compañías low cost ganaron un papel cada vez más importante.

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