Pedido de sesión
Rápidamente, tras conocerse el veto, la oposición se organizó para peder una sesión para el próximo miércoles, para insistir con la sanción del Congreso. Así lo hicieron trascender desde la UCR y el kirchnerismo. Ambos espacios suman 132 legisladores, pero se espera que se acoplen los 5 de la Izquierda y algunos miembros de otras bancadas, incluso del PRO.
En el caso de los radicales, se mira de cerca la conducta que tenga Mariano Campero y Luis Picat, que respaldarían el veto de Milei mientras que Martín Arjol y Pablo Cervi votarían contra la decisión del Presidente, en tanto que Federico Tournier aún no se expidió. Estos diputados son parte de los 87 que habían votado a favor del veto a la reforma jubilatoria y que Milei calificó de “héroes”.
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El financiamiento universitario tuvo 77 votos en contra en Diputados el día que se aprobó y ahora Milei necesitaría otros 10 votos negativos para que se ratifique su veto.
En el PRO esperaban que el Presidente encontrara una alternativa al veto porque varios de sus integrantes están de acuerdo con el financiamiento de las universidades. El jefe de ese espacio, Cristian Ritondo, podría dar libertad de acción para evitar tensiones internas.
En suma, Milei necesitaría nuevamente unos 87 diputados que voten a favor del veto, son solo 10 más de los que consiguió cuando se aprobó la ley de financiamiento, no está lejos de lograrlo pero necesita de sus aliados y no cuenta con todo el PRO ni con todos los radicales que votaron contra la movilidad jubilatoria.
Milei y la judicialización
Como ya adelantó Urgente24, Javier Milei tiene como ‘Plan B’ ante una insistencia del Congreso en el financiamiento universitario llevar el tema a la Justicia, una jugada arriesgada porque si le resulta contraria sentaría un precedente para futuros vetos.
La idea sería plantear que el Congreso violó la Ley de Administración Financiera (24.156) al no especificar el origen de los fondos para solventar a las universidades.
El portal TN precisó que las presentaciones judiciales del presidente están a cargo del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, quien puede elevar el proceso ante la Corte Suprema mediante un per saltum o derivarlo al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Pero hay otra idea: el Gobierno analizaría interpretaciones a la ley de financiamiento de la administración pública para no ejecutar lo que dispone la ley de financiamiento universitario, pero ese camino –que también sentaría un antecedente peligroso para futuras normas y en futuros gobiernos- terminaría en la Justicia y dilatando los tiempos.
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