Según detalló la Justicia, el acuerdo constaba de varios puntos. El más importante es el de la compensación económica, por la cual los mormones se comprometían a pagarle a la familia la suma de $4,5 millones de pesos a cambio del silencio público.
Por otro lado, el contrato estableció que la familia no podían “ventilar” lo sucedido por fuera de la comunidad, ni relacionar al supuesto agresor con la Iglesia. Este último punto resulta algo difícil de cumplir ya que el origen de la agresión se da en el contexto de la comunidad de mormones.
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Los mormones y su sede central en Córdoba.
El fiscal Marcelo Hidalgo aclaró que este tipo de contratos son inusuales en nuestro país, aunque no ilegales ya que se da en un marco compensatorio. Lo que destaca la Justicia es que los puntos prohibitivos de la expresión en los medios no tienen validez, a diferencia del punto compensatorio, por lo que dicho contrato juega a favor de la familia de la damnificada.
“Se le impedía vincular a Marcelo Pérez, autor del ataque sexual, con la Iglesia. Lo cual no es cierto porque claramente formó parte de la iglesia y lo hizo en el marco de esto”, explicó el funcionario de la Justicia a El Doce. “Lo único positivo del acuerdo es que la Iglesia ha intentado reparar ese daño económicamente a la víctima. Eso es lo único que vale, el resto de las cláusulas que buscan acallar la situación no tienen ningún tipo de valor”, agregó.
El detenido por este hecho es Marcelo Moreno Pérez. La imputación en su contra es abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador, ya que por entonces él llevaba a la niña a una actividad coral vinculada con la iglesia.
