En medio de la tensa relación del Gobierno con el Poder Judicial, en la que el oficialismo quiere, entre otras cuestiones, ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, dicho poder emitió un comunicado en el que aboga por la "función y la independencia" de la Justicia.
Sucede que diversos espacios, todos ligados con el oficialismo, están convocando marchas y manifestaciones como medida de protesta para criticar el funcionamiento del Poder Judicial y además, exigir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Este tipo de protestas contra el Poder Judicial se vienen registrando desde hace meses, pero las últimas son convocadas por espacios gremiales como la CGT y la CTA, quienes decidieron movilizarse el 5 de mayo para exigir "la renuncia de Horacio Rosatti al Consejo de la Magistratura".
Los gremialistas denuncian un "golpe institucional de la Corte", por lo que tras una asamblea aprobaron en forma unánime movilizarse el jueves de la semana próxima hacia un destino a determinar, según se informó en un comunicado firmado por Yasky y el secretario de Prensa de la CTA, Carlos Girotti.
También aprobaron la necesidad del "juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y que se amplíe su número para democratizar el acceso a la Justicia".
A su vez, también se realizará otra marcha, convocada por el juez federal Juan Ramos Padilla, para el próximo 24 de mayo, donde pedirán la "renuncia de la totalidad de los miembros" del máximo tribunal y ante el "el golpe institucional que consumaron Horacio Rosatti y sus amanuenses".
Ramos Padilla hizo la convocatoria a marchar hacia los tribunales, tras la movida de la Corte Suprema de Justicia de "tomar por asalto el Consejo de la Magistratura", según informó a través de su cuenta de Twitter.
En ese contexto, el Poder Judicial emitió un comunicado al que tuvo acceso Urgente24, en el que rechazan "cualquier hecho atentatorio del sistema democrático y republicano de gobierno".
"Entendemos que las constantes afrentas que por distintos medios ha recibido el Máximo Tribunal, se orientan sistemáticamente a menoscabar la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho", agrega el comunicado.
A su vez, manifestaron "nuestro respeto irrestricto al ejercicio del derecho de expresión, como así también al de peticionar a las autoridades, siempre que los mismos sean ejercidos acorde a las garantías constitucionales y sin que se altere el modelo republicano de gobierno, basado en los principios de libertad, división y equilibrio de poderes; derechos que no pueden ser suplidos por ataques institucionales que generan confusión en la población con falsos enunciados y distorsiones, que injustamente logran destruir la reputación y la confianza que la ciudadanía ha de depositar en los magistrados que integran el más Alto Tribunal de la Nación".
Y agregaron: "Del mismo modo, todo ataque público contra los poderes legítimamente constituidos, que lejos de contribuir al principio de afianzar la justicia y consolidar la paz interior, vulnere las instituciones democráticas, la seguridad jurídica, el control y el equilibrio entre poderes, debe merecer nuestro más absoluto rechazo, pues pone en riesgo la misión a la que los tres Poderes del Estado deben su existencia, que no es otra que la de asegurar la supremacía y vigencia de la Constitución Nacional; trascendente mandato para el cual deben ser liberados de toda persecución o indebidas presiones, ejercidas fuera de los cauces institucionales establecidos".
La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, integrada para este acto por su Presidente y por los Presidentes de la Cámara Nacional Electoral; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Cámara Nacional en lo Penal Económico; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes; Cámara Federal de Apelaciones de General Roca; Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; Cámara Federal de Apelaciones de Posadas; Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; frente a la marcha que ha sido impulsada y convocada para el día de la fecha por distintos sectores, en contra de los integrantes y del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; así como frente a cualquier otra convocatoria que reconozca similares propósitos, expresamos por este medio, nuestro más enérgico rechazo, manteniendo nuestra inveterada posición en contra de cualquier hecho atentatorio del sistema democrático y republicano de gobierno.
En tal sentido, entendemos que las constantes afrentas que por distintos medios ha recibido el Máximo Tribunal, se orientan sistemáticamente a menoscabar la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho.
Consecuentemente, reconociendo la permanente necesidad de que el Poder Judicial cumpla con la misión que constitucionalmente le ha sido encomendada - la cual lejos está de ser alcanzada a través del desprestigio de la institución - manifestamos nuestro respeto irrestricto al ejercicio del derecho de expresión, como así también al de peticionar a las autoridades, siempre que los mismos sean ejercidos acorde a las garantías constitucionales y sin que se altere el modelo republicano de gobierno, basado en los principios de libertad, división y equilibrio de poderes; derechos que no pueden ser suplidos por ataques institucionales que generan confusión en la población con falsos enunciados y distorsiones, que injustamente logran destruir la reputación y la confianza que la ciudadanía ha de depositar en los magistrados que integran el más Alto Tribunal de la Nación.
Del mismo modo, todo ataque público contra los poderes legítimamente constituidos, que lejos de contribuir al principio de afianzar la justicia y consolidar la paz interior, vulnere las instituciones democráticas, la seguridad jurídica, el control y el equilibrio entre poderes, debe merecer nuestro más absoluto rechazo, pues pone en riesgo la misión a la que los tres Poderes del Estado deben su existencia, que no es otra que la de asegurar la supremacía y vigencia de la Constitución Nacional; trascendente mandato para el cual deben ser liberados de toda persecución o indebidas presiones, ejercidas fuera de los cauces institucionales establecidos.