Por otro lado, las modificaciones incorporadas al proyecto mantienen límites importantes. Continúa la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y permanecen controles específicos para empresas con participación estatal extranjera. Al mismo tiempo, la iniciativa incorpora cambios vinculados con la protección de la propiedad privada, las expropiaciones, las indemnizaciones y las ocupaciones temporarias, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica.
Por supuesto, los senadores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, votarán a libro cerrado.
Sin embargo, la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, apuntalada por el mandatario provincial, analizará detenidamente su decisión, siendo que ella comulga con el pedido de que la potestad para resolver sobre las tierras quede en las provincias.
Consideran que la provincia no debe resignar su capacidad de decidir sobre su propio desarrollo y que la seguridad jurídica no implica transferir la titularidad de la tierra, sino establecer reglas claras que permitan la inversión y el crecimiento.
El proyecto provincial opera como un resguardo propio: blinda las tierras fiscales neuquinas cualquiera sea el resultado del debate en el Senado. El Ejecutivo exhibe esa administración del suelo como política de Estado y recuerda que las 56 concesiones no convencionales otorgadas a operadoras de Vaca Muerta se dieron sin transferir la propiedad de la tierra.
Tal es el caso de la actividad hidrocarburífera, en la cual, cuando una empresa recibe una concesión para explotar un área, la Provincia conserva la titularidad de la tierra y otorga únicamente los derechos necesarios para desarrollar la actividad.
Actualmente, existen 56 concesiones no convencionales asignadas por el Gobierno neuquino a algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas del mundo, que decidieron invertir en la provincia sin que ello implicara la transferencia de la propiedad de las tierras.
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