De acuerdo con las proyecciones expuestas, el Poder Ejecutivo contempló una asignación de 7,2 billones de pesos para las universidades, al tiempo que la plena vigencia de la norma específica elevaría esa cifra hasta los 9,8 billones. Esta diferencia equivale aproximadamente al 0,2% del Producto Bruto Interno, fondos que, según el referente universitario, podrían cubrirse mediante una reasignación interna de los créditos ya contemplados en el proyecto oficial.
En esa línea, remarcó que la problemática no responde a una escasez material de recursos, sino a una cuestión de voluntad política. Por tal motivo, eximió de dudas su pedido a los legisladores para que integren las exigencias de la ley en el transcurso del debate en el Congreso y así dotar de certidumbre a la comunidad académica.
Incertidumbre sobre el inicio de clases en 2027
Al ser consultado acerca de las perspectivas para el comienzo del año lectivo 2027, el presidente del CIN se mostró categórico al señalar que, sin medidas correctivas a corto plazo, el normal desarrollo de las funciones universitarias se verá severamente comprometido.
Si bien evitó adelantar resoluciones de carácter taxativo en relación con el inicio de las clases, reconoció que el panorama financiero profundiza la inquietud dentro del sector.
"Si no logramos modificar razonablemente el Presupuesto 2027 en la discusión en el Congreso, vamos a tener dificultades tremendas para funcionar el año que viene". "Si no logramos modificar razonablemente el Presupuesto 2027 en la discusión en el Congreso, vamos a tener dificultades tremendas para funcionar el año que viene".
Ante este escenario, convocó a los representantes parlamentarios y judiciales a mensurar las consecuencias que sus determinaciones acarrearán para las futuras generaciones y sus posibilidades de inserción en el nivel superior.
Cuestionamientos al Poder Ejecutivo por la vía judicial
Otro de los ejes de la exposición giró en torno al incumplimiento de los mandatos judiciales. Bartolacci sostuvo que el Gobierno tiene la obligación inexcusable de acatar los pronunciamientos vigentes, recordando que los argumentos oficiales sobre la escasez de fondos ya fueron presentados y rebatidos en el ámbito de la justicia.
Los magistrados intervinientes determinaron que el Estado debe reorientar partidas para dar cumplimiento a la ley de financiamiento. A raíz de ello, el rector indicó que la administración nacional incurre en el desacato de una medida cautelar dictada en el proceso.
Para el dirigente, esta situación configura un precedente sumamente delicado para la institucionalidad democrática, ya que sus efectos trascienden ampliamente el ámbito educativo. En consecuencia, ratificó que el sector sostendrá sus demandas en los ámbitos callejero, legislativo y judicial hasta hallar una salida satisfactoria.
Rechazo al operativo represivo durante la movilización
Por último, el titular del CIN repudió el accionar policial desplegado en el marco de la 5ta. Marcha Federal en defensa de la universidad pública, una convocatoria que aglutinó a más de un millón de ciudadanos en todo el territorio nacional.
Al aludir a las escenas de represión y al uso de gases lacrimógenos durante la protesta, contrastó los hechos con las marchas anteriores, las cuales se habían desarrollado pacíficamente a pesar de su gran convocatoria.
"Cruzó un límite lamentablemente el gobierno con lo que pasó el jueves", apuntó.
El rector reafirmó que la defensa de la universidad pública resulta indisociable de la preservación democrática y del respeto irrestricto a la legalidad vigente.
Un accionar que generó diferentes reacciones.
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