El texto oficial apunta a los casos de aborto no punible previstos desde 1921 en el Código Penal: si se realiza "con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios" o "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", reza el artículo 86.
El protocolo había sido adoptado por la provincia por decisión de la ministra de Salud de ese entonces, Zulma Ortiz. Sin embargo, la gobernador María Eugenia Vidal decidió dar marcha atrás y la vetó, dada su cercanía con la Iglesia Católica.
Otra controversia con el protocolo se dio poco antes de finalizar el mandato de Mauricio Macri. El por entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, puso en vigencia la actualización de la normativa. Sin embargo, en medio de internas, el Ejecutivo decidió no derogarlo argumentando que no todos los organismos requeridos habían intervenido. La desautorización de Rubinstein implicó su renuncia.