La resolución señala que las personas a las que les habrían retenido el DNI "no se han identificado, ni tampoco las mesas que pudieron estar involucradas en los hechos de su denuncia", y que por "dicha orfandad, se torna inviable la denuncia articulada".
Además, se indicó que la impugnación "debe ser la última instancia, debiendo resguardarse el sufragio de aquellos ciudadanos que concurrieron a votar de buena fe".
Los apoderados del PJ de Maipú habían presentado un escrito ante el juez Alejo Ramos Padilla, en el que denunciaron irregularidades con motivo de la “retención y/o sustracción” de documentos que impidieron sufragar y casos en el que se impidió ejercer la función de autoridad de mesa.
La oposición asegura que hubo un mecanismo "sistemático" para impedir que puedan sufragar decenas de vecinos que, según pudieron confirmar, en casi todos los casos habían realizado manifestaciones en redes sociales que avalaban o acompañaban las propuestas y candidaturas de Frente de Todos.
"Se les retuvo el DNI bajo amenaza de dejarlos sin trabajo", dijo Coudannes en diálogo con el diario La Nación. Incluso mencionó a uno de los supuestos ejecutores de esta práctica: Raúl Ibarra, un capataz que se desempeña en el corralón municipal.