Se trata del aumento que, por contrato, debió haberse autorizado en agosto, pero que fueron posponiendo, como ocurrió con el resto de los servicios, por motivos políticos.
Desde el Ministerio de Infraestructura negaron que se haya autorizado un aumento y explicaron que lo que se consiguió es "el compromiso de parte de las empresas de no aumentar tarifas hasta enero de 2020" y que si se firmó en esta fecha fue para no caer en un incumplimiento contractual.
En julio de este año Vidal había admitido que eran necesarios nuevos aumentos para "sincerar" el 100 por ciento de los costos. "Creo que el 75% de la tarifa está sincerada, con lo cual no vamos a vivir en una segunda etapa de gobierno grandes aumentos", dijo entonces. Y admitió que, aunque "el mayor esfuerzo está hecho", habrá "aumentos en razón de la inflación y un poco por lo que queda del subsidio a la generación".