Se trata de un completo aval a la decisión del gobernador Daniel Scioli de aplicar duras quitas salariales a los maestros que realicen paros, y no casualmente llega en momentos en que la discusión paritaria con los docentes está trabada.
La resolución es una herramienta de presión que la Provincia utilizará para intentar que no haya protestas que puedan entorpecer el inicio de clases. Es que la oferta salarial de la administración bonaerense -tanto para docentes como para estatales- no alcanza para cubrir las expectativas inflacionarias, y si no se modifica difícilmente se inicie normalmente el ciclo lectivo.
La Cámara es la misma que autorizó la suba de 180% en las tarifas de agua el año pasado.
La batalla judicial por los descuentos tuvo su primer capítulo el 3 de diciembre cuando el juzgado Contencioso Administrativo 1 aceptó un amparo presentado por los sindicatos y ordenó a la Dirección de Escuelas “abstenerse” de aplicar las quitas por los cuatro paros de octubre y noviembre.
No obstante, el viernes 7 los maestros pasaron por los cajeros y se encontraron que los descuentos se habían practicado igual, aunque únicamente a los afiliados de los gremios del magisterio, aun a aquellos docentes que se encontraban de licencia por enfermedad, maternidad u otra causa.
