"Artículo 1: Fíjase la nueva fecha del día 11 de Enero de 2013 a la hora 12:00 para la realización de la Asamblea de Mayores Contribuyentes frustrada en la fecha (jueves 10/01), la que se llevará a cabo -por única vez- sin asistencia de público, sin excepciones, a fin de garantizar la expresión libre y legítima de la voluntad popular representada por los Sres. Concejales y Mayores Contribuyentes, permitiendo de esa forma el funcionamiento normal de la Institución. Únicamente podrán acceder al recinto los periodistas de cualquier medio que deseen entrar al salón de deliberaciones.
Artículo 2: Decrétase la citación a la misma a los Concejales intervinientes, recurriendo al auxilio de la fuerza pública para su comparendo obligatorio a la nueva citación efectuada, haciéndose efectivo el mismo únicamente respecto de los Concejales y Mayores Contribuyentes que injustificadamente se ausentaron en esta fecha (jueves 10/01) (...)".
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En ambiente es extremadamente candente. Una propuesta oficialista (la gente que sigue controlando, en un bochorno institucional, el suspendido y procesado alcalde Altieri, jefe político del alcalde interino Hernán Muriale), ha producido el rechazo de más de una institución como APROA (Asociación de Propietarios y Amigos de Pinamar), la AEHG (Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Pinamar), partidos políticos y vecinos en general.
Estuvieron presentes
> la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales -en apoyo a la aprobación del presupuesto-,
> APROA, en contra;
> el nuevo partido político denominado VISUR (Vientos del Sur), a cuyos líderes no se les permitió la entrada por portar bombos y no ser ciudadanos residentes de Pinamar, y
> referentes de Acción Pinamarense.
Sin embargó, la sesión no pudo realizarse por falta de quórum: no asistieron al recinto los concejales Mercedes Turizano, Fernando Ávila, Rosana Di Pascuale, Roberto Porretti y Gabriel Vidauli, por considerar excesivo el monto impositivo pretendido por el oficialismo y exagerado el aumento de tasa que presentaron al Concejo, entre otras cosas.
Pasada la media hora reglamentaria, el presidente del Concejo, Alberto Germain, dio por cerrada la convocatoria a la asamblea anunciando que se reuniría con Muriale en su despacho para analizar la posibilidad de buscar a los 5 concejales con la fuerza pública para que asistan a la sesión especial convocada para el viernes 11. Una medida que ambos justifican amparados en el Articulo 70 de la Ordenanza Municipal más importante, que dice que "la minoría compelerá, incluso con la fuerza pública, a los concejales que por inasistencia injustificada impidan las sesiones del Concejo."
El diario
El Mensajero de la Costa advirtió: "(...)
Si el fiscal autoriza el ingreso de la policía a las viviendas de los concejales para traerlos por la fuerza al Concejo, no podrá sentarlos ni retenerlos en sus bancas, única manera de dar quórum. Tal vez Muriale o Germain pretendan que la fuerza pública espose a los ediles a sus bancas.
Este acuerdo entre el presidente del HCD y el intendente interino, lejos de calmar los ánimos de los presentes, los fueron fogoneando aún más. Con los matafuegos del HCD vencidos, la policía – por orden de Germain - no permitía el ingreso ni el egreso de persona alguna y mantenía los ventanales cerrados. (...)".
Mariana Dufour compartió el concepto en Pinamar Info: "(...)
Si el fiscal autoriza el ingreso de la policía a las viviendas de los concejales para traerlos por la fuerza al Concejo, no podrá sentarlos ni retenerlos en sus bancas, única manera de dar quórum. Tal vez Muriale o Germain pretendan que la fuerza pública espose a los ediles a sus bancas. (...)".
El bloque de concejales de la UCR elevó al presidente del Concejo Deliberante Alberto Germain una nota por la cual le informaron que interpusieron un recurso de revocatoria ante las irregularices que se habrían cometido al momento de hacer el llamado a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, previsto para ayer y que desembocó en incidentes.
De acuerdo a
María Adelina Mercuri, de Pinamar Info, "(...)
El concejal Edgardo Paso, y su mayor contribuyente, Javier Paso, debieron ser protegidos por la policía al salir del edificio en dirección a su auto, porque la patota de ViSur los corrió.
Según algunos trascendidos los manifestantes del partido vecinal que se manifestaban en contra del aumento de tasas serían parte de una hinchada de fútbol de la localidad bonaerense de Avellaneda y habrían cobrado $ 300 “per cápita”. (...)".
