El problema se suma ahora a la extorsión fiscal de la Nación sobre las provincias. La Nación se apropia de recursos de las provincias y los territorios, que son preexistentes a la Nación, tienen que desarrollar nuevas ingenierías de búsqueda de recursos.
Así fue como José Manuel De la Sota terminó impulsando meses atrás un precio diferencial para los combustibles en la provincia de Córdoba: tiene que completar inversiones viales y la Nación le niega recursos comprometidos.
En Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri acaba de anunciar un esquema semejante porque la Nación le transfirió el tren subterráneo pero le negó $ 30.000 millones anuales de financiación de la red.
Ahora, en provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura provincial, Alejandro Arlía, anunció que trabaja en un proyecto destinado a imponer una “pequeña carga fija de 10 centavos” por litro al precio de los combustibles, a fin de conformar un fondo para el “mejoramiento de la red vial” provincial.
De esta manera, en caso de implementarse esta alternativa, una persona que carga aproximadamente 40 litros de nafta para llenar el tanque de su vehículo, deberá desembolsar 4 pesos más cada vez que pase por una estación de servicio.
La iniciativa, llamada Plan de Mejoramiento Integral de las Rutas de la provincia de Buenos Aires, según dijo el funcionario, significará “la afectación de un cargo fijo al consumo de combustible” en el territorio bonaerense “para el mejoramiento de la red vial”.
De todas formas, para impulsar un proyecto que “tenga que ver con una reforma de carácter impositivo, nosotros tendríamos que obtener un estado parlamentario” del proyecto, comentó Arlía.
El ministro de Infraestructura bonaerense destacó que su equipo trabaja en el ajuste de “una serie de variables” para evitar que la medida “impacte demasiado fuerte sobre la producción”.
“Pensamos una salida solidaria, en la que aquellos que más utilizan las rutas, por eso el impuesto sobre el consumo en la provincia de Buenos Aires, aporten a la red vial” del distrito para “mantenerla en buen estado, expandirla y darle condiciones de seguridad y confort a todos los usuarios”, explicó.
La intención es llevar adelante el incremento de combustibles con “equidad”, explicó Arlía, por lo que su cartera trabaja “tratando de separar a los distintos usuarios”.
De esta forma, se discriminaría la venta de carburantes destinados “al transporte de carga y el vinculado directamente al consumo de la producción, que no tiene que ver con el tránsito por las rutas, sino dentro de cada unidad agropecuaria o de la industria”, sostuvo el funcionario. Y agregó que la red vial provincial “sufre un uso muy intensivo por parte del transporte de cargas”; por ese motivo, el gobierno bonaerense es “consciente” de que debe “mejorar mucho el estado de las rutas”. Asimismo, el ministro provincial advirtió que los últimos “desastres climáticos”, vinculados con excesos en los niveles habituales de lluvias y las consecuentes inundaciones, “han afectado más el nivel de transitabilidad de las rutas”.
Reflexiones
Actualmente, el precio final de combustible está compuesto por una elevada carga impositiva que le permite, al Estado nacional, recaudar $ 18.000 millones por año. Pero de ese total, solamente se destina un pequeño porcentaje a las provincias para hacer obras viales.
Según un informe realizado por la Comisión Nacional de Defensa de Usuario Viales, que preside Ricardo Lasca, “la mitad se gira a otras reparticiones y poco o nada les queda a las provincias. Si se repartiera bien toda la plata que se recauda, tendríamos una red vial de lujo y no el desastre que son las rutas provinciales de todo el país”.
El Gobierno nacional coparticipa con las provincias, de esos fondos, apenas entre el 3% y el 5%. El resto se administra desde la Casa Rosada y se destina a algunas provincias, de acuerdo al criterio clientelístico del Ministerio de Planificación, que preside Julio de Vido.
“De esos ingresos (los $ 18.000 millones del impuesto al combustible), el gobernador debería pedir lo que le corresponde, ya que es dinero que debería destinarse al sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino”, explicó Lasca.
