En el recinto, la oposición centró sus cuestionamientos en la falta de fondos para infraestructura, la toma de fondos del IPS y la necesidad de recuperar los fondos retenidos por Nación por el Pacto Fiscal, cuestión que viene repitiéndose en otras provincias.
La norma establece los siguientes presupuestos: Salud, $9165 millones; Seguridad y Justicia, $13.946 millones; Desarrollo Social, $3876 millones; Poder Judicial, $5863 millones; Economía, $28.786 millones; Infraestructura, $1748 millones; Administración Central, $68.000 millones; Instituciones de Previsión Social, $22.000 millones; Vialidad Provincial, $1986 millones; Instituto de la Vivienda, $1195 millones; Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), $1359 millones; y la Dirección General de Cultura y Educación, $41.824 millones.
A la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías, se le asignan $3519 millones; Instituto de Previsión Social, $16.758, y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios del Banco Provincia $2139 millones de pesos.
En conjunto, se destina un total de $22.416 millones de pesos a las secretarías de Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Espacio Público y Niñez y Adolescencia.
En cuanto a la ley fiscal, determina un anticipo excepcional de una cuota del impuesto sobre los ingresos brutos para grandes empresas e incrementos especiales para contribuyentes propietarios de viviendas con una valuación superior a los $320.000 y de autos, con valor para el fisco por arriba de los 120 mil pesos.
Establece, asimismo, un revalúo para propiedades ubicadas en countries y clubes de campo; y se amplían imposiciones tributarias para pools de siembra en sellos e ingresos brutos.
En suma, unos 1200 millones de pesos es el dinero fresco que el Poder Ejecutivo provincial espera recaudar por el anticipo de ingresos brutos y los aumentos especiales en el inmobiliario y patentes.
