El jueves de la semana pasada, en un duro informe, la Comisión Especial de Acompañamiento que se formó en la Legislatura bonaerense para investigar sobre el secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, planteó severas críticas al accionar policial.
Con las firma de los senadores del FpV-PJ Jorge Ruesga, presidente de la Comisión Especial, Jorge D’Onofrio, Cecilia Comerio, Emilio López Montaner y Diana Larraburu; y las de los senadores del GEN-FAP, Omar Foglia y de la CC-ARI, María Gainza, el informe recomienda “exonerar” al jefe de la Policía bonaerense, Hugo Matzkin como también al entonces Jefe, Juan Carlos Paggi, y menciona una serie larga de altos jefes de la policía que cumplía tareas en lugares estratégicos en el organigrama de mando de la fuerza.
Al día siguiente de la presentación del informe, desde La Matanza luego de un megaoperativo realizado en Zona Oeste, la respuesta del Gobernador, Daniel Scioli, respecto a si leyó el informe sobre el Caso Candela que se presentó en el Congreso provincial, fue la siguiente: “No lo vi el informe (…) Acá estoy trabajando con (Hugo) Matzkin, Albarracin, con Casal que está incorporando tecnología a lo largo y ancho de toda la provincia”.
La semana pasada, en declaraciones a QM Noticias, el senador sciolista, Alberto De Fazio evaluó que “evidentemente el Gobernador no cree en ese informe, como no creemos ninguno de nosotros”.
Por su parte, y raíz del dictamen de la comisión, el diputado de la Coalición Cívica Walter Martello, pidió el juicio político al ministro Casal.
El jefe del bloque de diputados provinciales de la fuerza que lidera Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político, trámite que deberá sustanciarse en el Senado y que sólo podrá prosperar si reúne el apoyo de los dos tercios de los legisladores.
Martello justificó su pedido en lo resuelto por la Suprema Corte, que ante el dictamen de mayoría de la comisión legislativa no sólo ordenó abrir una investigación contra el juez que intervino en la causa, sino que también instó a realizar las correspondientes denuncias penales frente a las anomalías encontradas en el proceso judicial.
“Casal, como máximo responsable de la seguridad, conocía que el asesinato de Candela estuvo vinculado a grupos del narcotráfico que operan en la región junto a la policía bonaerense”, dijo Martello, de acuerdo al diario El Día.
