Alberto Pérez, jefe de Gabinete de la Gobernación, no considera que la situación financiera justifique tomar proyectos de la oposición, los que consideró "insensatos".
Martello apuntó a un protagonista de muchas denuncias de la Coalición Cívica, el empresario Cristóbal López, que desembarcó de lleno en la provincia cuando se quedó con el bingo de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas. De acuerdo a Martello, López negocia quedarse con otros más en el sur del conurbano.
Sin embargo, desde el negocio del juego de azar, y tal como ya lo ha informado Urgente24, los cambios ocurridos en Codere, con el regreso de Héctor Luna a la vicepresidencia ejecutiva, luego de una negociación de Guillermo Moreno con la familia Martínez Sampedro, cuando fundamentó porqué no aceptaba la remesa de utilidades a España en el marco del control de divisas, replanteó la relación entre los protagonistas de las apuestas legales. Codere y Casino Club tienen una relación de convivencia hoy día, siendo Codere el mayor operador de la provincia y el de mayor recaudación de la Argentina.
Lo curioso es que un tema se vincula con otro: varios legisladores K ven con buenos ojos poner el tema en agenda para cortar el principal negocio que tiene la empresa Boldt, de la familia Tabanelli, sospechada de ir contra el vice Amado Boudou en el escándalo de la ex Ciccone.
El proyecto de Martello, en el marco del enfoque estatista del Frente para la Victoria, plantea la necesidad de que sea el Estado quien administre el juego en la provincia, tal como fue en el pasado, y propone que se quede con cada establecimiento a medida que vayan venciendo las concesiones. Varias de ellas, entre las que se encuentran las de Boldt, vencen en 2013.
Martello aprovechó, en diálogo con la web Perfil, afirmar que Casino Club está en el medio, pero para la Gobernación bonaerense solo se trata de querer "empiojar la cancha" cuando en ese negocio hoy día no hay problemas.
Según informes del diputado de la Coalición Cívica, el Estado se queda con $5 cada 100 que se juegan en máquinas tragamonedas. Si esto se convierte en ley, todo lo recaudado por las empresas, pasaría a las arcas provinciales.
En cuanto a la adicción del juego, según Martello, los municipios suelen quejarse de que los bingos sacan gran parte del sueldo de familias a las que no les sobra demasiado. Las cifras muestran que los más adictos son amas de casa de entre 35 y 50 años. "Según el Ministerio de Salud, una de cada tres familias tiene algún conocido con adicciones al juego de azar. Queda sólo por debajo del alcohol como adicción."
