En tanto, la oposición, conformada por radicales, socialistas, pro peronistas y cívicos pide ver “gestos” en el nuevo proyecto para garantizar su asistencia.
El plan oficial ha generado divisiones en el bloque de la UCR. Hasta ayer, los diputados de la UCR estaban dispuestos al tratamiento del proyecto, una vez firmado el decreto. A cambio, proponían la baja de las alícuotas en los campos revaluados para no trasladar el mayor valor del patrimonio a las facturas. Una variante es la gradualidad en la aplicación del aumento en el Inmobiliario Rural. Podría gravarse parte de la suba patrimonial, el 50%. Y el resto en cuatro o cinco años.
Además interviene la Nación por "una cuestión de plata": la revalorización de los campos establece que muchos productores deban pagar más por Bienes Personales, que es un tributo federal. Algunos quedarán “enganchados” por primera vez. También por la ganancia presunta que surge del incremento patrimonial. Son entre $1.400 y 2.000 millones que recaudaría la AFIP por “intermediación” de la Provincia. Es el nudo de la disputa. La Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y Carbap, se oponen al traslado impositivo que impone el revalúo.
Así este marco se completa con el reclamo del ruralismo. Hoy, como ocurrió en las sesiones anteriores, productores rurales se movilizarán a la capital bonaerense para expresar su oposición al llamado "impuestazo". La Comisión de Enlace advirtió que, en caso de aprobarse la nueva valuación de tierras, convocará a un paro nacional.
El decreto que redactó Scioli consta de sólo tres artículos, según 'La Nación'. El primero dispone el revalúo. El segundo establece que estos valores serán usados "para la determinación del impuesto inmobiliario rural fijado por ley". El tercer artículo faculta a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a ejecutar el revalúo y cobrar los impuestos.
