En medio de la polémica generada por ese pedido de informes que terminó involucrando al gobernador Daniel Scioli y que puso una vez más en el centro de la escena el negocio del juego en la Provincia, ahora De Jesús anunció que buscará reflotar un proyecto de su autoría que hace algunos años no pasó el filtro de la Legislatura.
Ese es claramente una muestra de que el kirchnerismo oscila en el doble discurso permanente. Y por eso sus exponentes no tienen mayores problemas en intentar borrar con el codo lo que escriben con la mano. Así es como el mismo sector político que permitió que se aprobara una escandalosa ley Antitabaco, que habilita que se pueda fumar en bingos y casinos de la Provincia, ahora busca que se reforme esa norma para eliminar un privilegio que fue hecho a medida de los intereses de las empresas que regentean el juego de azar en la Provincia.
“Hay que preguntarse por qué se puede fumar en los bingos de la Provincia”, había dicho el cuestionado vice. En 2008, uno los principales impulsores de los espacios 100% libres de humo era el actual jefe del bloque de legisladores kirchneristas, Juan de Jesús, que por aquel entonces presidía la Comisión de Salud de la Cámara baja. En esta comisión se elaboró un dictamen que, a último momento, fue modificado por el propio kirchnerismo, en una movida que contó con el aval de legisladores de la UCR, el macrismo y el denarvaísmo. Lejos de dar la pelea, De Jesús pegó el faltazo a la sesión del 22 de octubre, donde se sancionó el proyecto. Ayer, sorpresivamente, el legislador de la Costa anunció que insistirá en que la Provincia sea 100% libre de humo, como originalmente había propuesto en su proyecto. “Nunca abandoné esta lucha”, dijo, pero no aclaró por qué no dio la pelea en su momento.
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Publica el
diario Hoy al respecto:
Las semanas que transcurrieron desde el comienzo de la discusión del proyecto original y la sanción definitiva de la norma estuvieron cargadas de negociaciones secretas, idas y vueltas de algunos legisladores, y presiones de todo tipo. Evidentemente, el esfuerzo de los bingueros valió la pena para ellos. No sólo porque las salas de entretenimiento quedaron exceptuadas de la ley Antitabaco, al permitirse fumar en lugares de más de 400 metros cuadrados, sino también porque este beneficio actualmente alcanza cifras millonarias.
Según un informe del diputado Walter Martello (Coalición Cívica), la empresa española Codere, que opera 14 salas de juego de la Provincia, reconoció en su balance anual de 2011 las pérdidas que está obteniendo en su país de origen, por la prohibición de fumar que rige en España y por la crisis económica que sacude a Europa. La firma dice en su balance: “Contribuyó negativamente la evolución del ingreso de la sala de bingo, afectado tanto por la prohibición de fumar y el entorno macroeconómico como por el incremento del porcentaje destinado a premios de bingo (del 65% al 71%) que entró en vigor el 1° de enero de 2011”.
En otras palabras: España, un país en crisis y recesión, con 23% de desocupación (un número importante de los apostadores que usan las máquinas tragamonedas provienen de sectores socialmente postergados), aplica más regulaciones y hace cumplir a rajatabla la prohibición de fumar, a contramano de lo que sucede en la Argentina. De ahí las ganancias exorbitantes que obtienen los empresarios del juego en la provincia de Buenos Aires, gracias a los favores otorgados por el poder político.
Otros beneficios de las salas de bingo
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Además de estar exceptuadas de cumplir con la ley Antitabaco, las empresas de juegos de azar tienen desde hace años escandalosos beneficios impositivos (como el no pago de tasas municipales); los cánones son irrisorios (se les permite cancelarlo hasta en 60 cuotas, sin aplicarse ningún tipo de interés, como el que paga cualquier ciudadano cuando saca un crédito personal o hipotecario); y son permanentemente beneficiadas por la falta de controles y de regulación por parte del Estado.
El pez por la boca muere
Uno de los principales responsables de la modificación de la ley Antitabaco, que implica beneficios millonarios para las empresas de bingo, es el legislador provincial Raúl Joaquín Pérez, que en el año 2008 era jefe del bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria. Pérez se vio salpicado, en varias ocasiones, por escándalos relacionados al multimillonario negocio del juego, y también estuvo implicado, durante más de una década, en una pesada denuncia penal por enriquecimiento ilícito.
A la hora de defender el proyecto en el recinto, Pérez utilizó una explicación muy llamativa, ya que consideró que los daños que ocasiona el humo del cigarrillo a los empleados de los bingos les puede servir para “declarar que este espacio de trabajo es insalubre y ganar más, para tener mejoras y protección, y retiros mucho más tempranos”.
Igual de polémicos fueron los argumentos utilizados por otros legisladores. Por ejemplo, Horacio de Simone, que respondía al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, llegó a decir: “El que fuma es artífice de su propio destino. Si quiere morir fumando, que muera fumando. Si quiere morir de un cáncer de pulmón, que así sea. Si quiere morir de un cáncer de laringe, que muera de esa forma. Quizás, lo más feo sea morir con un enfisema pulmonar crónico con hambre de aire, pero tiene derecho a morir como quiera”. En esa misma línea, Sergio Nahabetián, que formaba parte del Pro, se preguntó: “¿No estaremos incitando a que el tabaco se lo consiga por cualquier otro medio? ¿No estaremos diciéndoles a nuestros jóvenes, por medio de una ley, que transgredir la norma es ser piola?”. Por eso votó a favor de que se pueda fumar en los bingos.
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Sensibles diferencias entre las legislaciones
El diputado provincial Walter Martello (Coalición Cívica) hizo un estudio comparativo entre la legislación ibérica y la norma que rige en la provincia de Buenos Aires. La conclusión que sacó es que, evidentemente, para algunos diputados y senadores bonaerenses que impulsaron la normativa en cuestión, la calidad de vida de sus conciudadanos merece menos cuidados que los que reciben los ciudadanos españoles en su propio país.
La ley 13.894, sancionada por la Legislatura provincial, prohíbe el consumo de tabaco en todos los ámbitos estatales, lugares de trabajo, transportes públicos y espacios cerrados de acceso público del ámbito privado. Ahora bien, existe un viejo refrán que reza “hecha la ley, hecha la trampa”, que calza a la perfección para describir lo que sucede en con la ley Antitabaco bonaerense. Concretamente, en el artículo 7, establece que se exceptúa de la prohibición a las “salas de entretenimiento cuya actividad fuere autorizada por el Estado provincial y/o explotadas por el mismo en las que no se permita la entrada de menores de dieciocho (18) años, cuya superficie total sea superior a los cuatrocientos (400) metros cuadrados”. Solamente se les exige “un sistema de purificación del aire y ventilación que resulte suficiente para disipar la propagación de los efectos nocivos provocados por la combustión del tabaco”.
De esta forma, se llega al absurdo de equiparar a las salas de juego con otros lugares que gozan de excepción, como son los patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados de acceso al público; los clubes para fumadores de tabaco, para personas mayores de 18 años, y las tabaquerías con áreas especiales para degustación; y los centros de salud mental y centros de detención de naturaleza penal y/o contravencional.
El beneficio que tienen los bingos es muy superior al de otros lugares comerciales a los que, según la ley en cuestión, sólo se les permite habilitar zonas para fumadores.
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En cambio, en España, las políticas de prevención del tabaquismo no reconocen ningún tipo de privilegio. ¿Qué establece la ley antitabaco española que tantos dolores de cabeza está dando a los empresarios del juego? Prohíbe el consumo de tabaco en bares, restaurantes, casinos, bingos, oficinas y casi todos los lugares cerrados. Incluso los empleados que salían a la puerta de calle para fumar desde principios de 2011 ya no pueden hacerlo y deben ubicarse en la vereda. Tampoco se permite fumar en algunos espacios abiertos, como en el entorno de los hospitales (accesos y zonas de tránsito), escuelas, parques infantiles y áreas de ocio de los chicos y centros de enseñanza. Esta ley española endureció los rigores de la legislación anterior, que se había aprobado en 2006. Y hasta estipula que ningún medio de comunicación podrá tentar al público emitiendo programas donde los presentadores o colaboradores fumen o publiciten el tabaco. La ley ibérica contempla, además, pesados castigos económicos. Una infracción es penada con multas de entre 40 y 800 mil dólares (600 mil euros).
