Del otro lado asistieron el secretario Ejecutivo de la Pastoral Social, Fernando Barilatti; el director del Cottolengo Don Orione, Jorge Silanes y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, según informó El Destape.
En un comunicado, el Área de Discapacidad de la Pastoral Social de la Comisión Episcopal Argentina informó que el encuentro fue una "continuidad" que los mismo representantes tuvieron en el ministerio de Salud a principios de octubre.
Indicaron que asistieron "con el objetivo de compartir nuestra preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país y presentar una serie de pedidos concretos".
Respecto de los pedidos, el "Punto 1" refiere explícitamente a la continuidad por otro año de la ley de emergencia, sancionada el año pasado a instancias de la oposición, y que tuvo que ser insistida tras el veto de Javier Milei.
"Pedimos prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia declarada por la Ley 27.793", dice el texto y agrega que la misma comenzó a aplicarse aunque "de manera parcial y por orden judicial por lo que aún no pudo cumplir su objetivo".
"Pedimos, también, que su vencimiento no pueda usarse para desconocer los derechos que reconoció ni las deudas ya generadas", añade el comunicado que fue publicado por lanación.com.
En el siguiente punto, la Pastoral Social expresa su "preocupación" por el dictamen del proyecto oficialista, al que le reconocen "aspectos que pueden ser valorados como mejoras" remplaza parte de la emergencia "por normas que reducen derechos".
"Pedimos que no se apruebe en estos términos", solicitaron. En esta línea serían las concesiones a las que el oficialismo accedió para que el proyecto logre la media sanción en Diputados este miércoles.
Además, reclamaron se modifique el proyecto de Presupuesto 2027 para garantizar fondos suficientes para el área. En concreto, solicitaron que se incorpore “una previsión presupuestaria que permita asegurar fondos suficientes para sostener las prestaciones, las pensiones y la cobertura de salud”.
El Episcopado advirtió sobre el peligro de dividir las pensiones en dos grupos y debilitar la cobertura de salud de las personas con discapacidad.
“Las personas con discapacidad que tienen un grado de discapacidad tal que no permite su inserción laboral en condiciones generales pasarían a tener menos derechos: perderían la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo y la cobertura de salud”, puntualizaron desde la Iglesia.
Y agregaron: “En estos casos, cuando se logra un empleo, es habitualmente con acompañamiento y con ingresos en extremo magros, que no permiten sustentarse de modo autónomo ni hacer frente a sus especiales necesidades sanitarias. Son, justamente, las personas más vulnerables”.
También objetaron que el proyecto del oficialismo permita “suspender pensiones antes de escuchar a la persona, por un simple cruce de datos, sin plazos para resolver ni garantías adecuadas” o que no brinde “certezas a los prestadores”. “No fija plazos de pago y deja sin fecha ni actualización la compensación adeudada, manteniendo la exclusión de prestadores dispuesta por el Decreto 84/202”, indicaron.
En el punto 4 del comunicado, la Iglesia reclamó al Ejecutivo que “se fije un plazo para resolver las más de 200.000 solicitudes de pensión pendientes que abarcan todo el año 2026, y que se publique información periódica sobre altas, bajas y suspensiones”.
“También pedimos que las afirmaciones sobre irregularidades se basen en datos verificables, para no estigmatizar a quienes acceden legítimamente a este derecho”, advirtieron.
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