“Es realmente obsceno que un diputado nacional, que fue funcionario público toda su vida adulta, tenga semejante cantidad de inmuebles y vehículos”, consideró Rodríguez en diálogo con La Nación. “No pueden tapar el sol con un dedo, de solo caminar por Pinamar y hablar con los vecinos te das cuenta que el nivel de vida de Ritondo no se condice con el de un servidor público”, sumó. El abogado Rodríguez basó la ampliación de su denuncia en una investigación periodística de El Disenso.
Además, la denuncia consigna que la sociedad Emprendimientos Rivadavia SA “podría no ser el único desarrollo inmobiliario” de Ritondo. Para dar cuenta de ello, cita la investigación periodística y señala que “de acuerdo a sus DDJJ, posee desde 2018 crédito y deudas con Ardax SA, una empresa radicada en Uruguay, responsable de emprendimientos inmobiliarios súper VIP como el caso de Reserva Montoya, un barrio privado con lotes de 1000 metros cuadrados a cuatro cuadras del mar, entre La Barra y Manantiales, Punta del Este, con 400 metros de costa sobre Laguna Blanca, club house, wellness center, parador para residentes y seguridad 24 horas”.
Y sentencia: “En 2019, Ritondo declaró la adquisición de un lote en Uruguay, con fecha abril de 2018, por $3.383.325,69. La compra fue realizada a Ardax SA”.
Esta ampliación de la denuncia se da luego de la primera presentación judicial tras el caso publicado por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en contra del jefe del bloque del PRO en Diputados y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago. Acorde a la denuncia, estarían vinculados con sociedades implicadas en la compra de propiedades en Miami, Estados Unidos, valuadas en 2,6 millones de dólares.
El escrito también menciona que Diago aparece como gestora y beneficiaria de empresas registradas en Florida, Islas Vírgenes Británicas y Delaware. En ese marco, se pidió que se investigue al legislador por delitos financieros y por enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias.
Según el denunciante, los bienes adquiridos durante el matrimonio constituyen un patrimonio que ambos cónyuges compartieron, aunque los registros formales suelen apuntar sólo a la letrada. Entre ellos figura un departamento en la avenida Collins de Miami Beach que se lo habría comprado supuestamente a una sociedad presidida por Juan Alberto Pazo, actual titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP.
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