Cuando parecía que la causa por el Vacunatorio VIP no iba a escalar hasta la responsabilidad de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, otra investigación rozó su puesto y por eso decidió echar a dos importantes funcionarios.
En el marco de la investigación por el presunto desvío ilegal de tests de antígenos de Covid y su venta o derivación en el mercado negro, Patricia ‘La Tana’ Spinelli, Directora Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), fue desplazada de su cargo tras los allanamientos realizados en su casa –y otros domicilios- donde se secuestraron varios test de antígenos de Covid-19, teléfonos, equipos informáticos, dinero en efectivo y hasta armas.
La justicia investiga un emprendimiento de hisopados a domicilio y la posible utilización de insumos del Estado con fines comerciales.
Spinelli, era la Directora Nacional de Emergencias Sanitarias, el área del Ministerio de Salud que se encarga de distribuir insumos, medicamentos, y equipos técnicos a todos el país. Llegó a ese cargo a fines de 2019 con la gestión de Ginés González García y continuó con Carla Vizzotti.
También Spinelli había sido señalada como Vacunada VIP por ser de las primeras funcionarias en vacunarse contra el coronavirus apenas llegaron al país las dosis de Sputnik.
En cuanto a los allanamientos, hubo otros en el domicilio de Juan Ignacio Maceira, hijo de Spinelli y el ahora exdirector del Hospital Posadas, Alberto Maceira –fue desplazado de su cargo junto con Spinelli por orden de Vizzotti-, y en un centro médico que no estaba habilitado.
Según recuerda el portal El Disenso, Juan Ignacio Maceira, -también implicado en el Vacunatorio VIP-, se desempeña como profesional de la salud en el Hospital de Haedo y tras el inicio de la pandemia, comenzó a realizar hisopados “a domicilio” en la zona oeste con un costo de $6.500 en efectivo, el servicio incluía un certificado oficial con el resultado, que aparecía firmado por su madre, la doctora Spinelli.
El escándalo se descubrió mediante una cámara oculta del canal A24 donde se veía a Maceira hisopar a una clienta y realizar el cobro por el servicio.
La producción del canal hizo la denuncia en tribunales, lo que dio origen a la causa para determinar si fueron utilizados recursos del Estado y si intervinieron funcionarios con firma para validarlos y subirlos al sistema SISA.
La funcionaria es sospechada por la justicia, en una investigación a cargo del juez federal Ariel Lijo, de desviar partidas de tests que estaban destinados al Hospital Posadas (en la localidad bonaerense de El Palomar) y vendidos por diversas vías, entre ellas, la plataforma MercadoLibre.