Según el documento, la transformación de la OPC —que pasó de funcionar como programa presupuestario dependiente del Senado a contar con un servicio administrativo financiero propio— no habría sido acompañada por una adecuación integral de los procedimientos internos ni por la creación de estructuras específicas de control, auditoría interna, tesorería y contabilidad.
Los auditores también cuestionaron lo que definieron como un “quiebre del control de tutela parlamentaria ”, debido a que la Comisión de Supervisión Parlamentaria no habría aprobado formalmente determinados planes operativos y memorias institucionales.
El Fondo Especial de Reserva, otro de los puntos centrales
Uno de los capítulos más extensos de la auditoría está dedicado al Fondo Especial de Reserva de la OPC, creado en 2018.
Los auditores sostuvieron que la constitución y posterior ampliación del fondo se realizaron sin la intervención de la Comisión de Supervisión Parlamentaria ni de las autoridades de las dos cámaras del Congreso.
El informe cuestiona además la competencia del entonces director general para constituir fondos de reserva utilizando remanentes de partidas presupuestarias asignadas a la OPC.
Entre los gastos realizados con esos recursos aparecen, según la auditoría, obras de remodelación y la adquisición de un automóvil oficial.
También fueron observadas cuestiones vinculadas con la registración contable: los auditores detectaron movimientos asentados fuera de orden cronológico y señalaron que una misma cuenta bancaria era utilizada para fondos presupuestarios corrientes y recursos correspondientes al Fondo de Reserva.
La compra del vehículo oficial de la OPC
La adquisición de un automóvil mediante la Licitación Privada N° 1/2024, adjudicada a Roycan S.A., también fue incluida entre las operaciones observadas.
De acuerdo con el informe, se detectaron presuntas deficiencias en distintas etapas del proceso, entre ellas la aprobación de los pliegos, la publicidad de la convocatoria y la evaluación de las ofertas.
La auditoría cuestionó además que la adquisición haya sido financiada con recursos del Fondo Especial de Reserva.
Otro punto señalado fue la inscripción del vehículo a nombre de la propia OPC. Según los auditores, esa situación resultaría incompatible con la naturaleza jurídica de un organismo desconcentrado, que no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio.
A esto se sumó la falta de un reglamento formal para el uso del automóvil. Los registros de viajes tampoco consignaban, según la auditoría, información básica como kilometraje y horarios de salida y regreso.
Contratos y personal: las observaciones de la auditoría
El informe también puso el foco sobre la política de contrataciones y recursos humanos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Entre las observaciones aparecen contratos de locación de servicios y de obra utilizados para cubrir funciones de analistas que, de acuerdo con la normativa citada por los auditores, deberían ser ocupadas mediante concursos y cargos de planta permanente.
La auditoría también señaló modalidades de contratación de personal administrativo y de apoyo que, a su criterio, no se ajustarían al esquema establecido por la ley de creación de la OPC.
Además, mencionó la falta de evaluaciones de desempeño, la inexistencia de un área específica de recursos humanos, problemas de trazabilidad en las contrataciones y posibles situaciones de conflicto de interés que deberían ser revisadas.
El concurso de analistas de 2023
Otro de los procedimientos analizados fue el concurso de analistas realizado en 2023.
La auditoría recordó que un dictamen jurídico de la Cámara de Diputados había advertido sobre presuntos vicios vinculados con los plazos de publicidad e inscripción. Según ese análisis, esas irregularidades podrían derivar en la nulidad del concurso.
En su descargo, Esterelles rechazó esa interpretación. Según explicó, el concurso contó con participación gremial, no recibió impugnaciones de los postulantes y siguió criterios similares a los utilizados en un concurso anterior.
Para el exdirector de la OPC, la controversia estaría vinculada principalmente con una diferencia de interpretación respecto del cómputo de determinados plazos.
El descargo de Gabriel Esterelles
Frente a las observaciones, Gabriel Esterelles rechazó buena parte de las conclusiones de la auditoría.
El exdirector sostuvo que varias de las deficiencias señaladas responden a problemas estructurales que excedían las facultades de la dirección general y apuntó contra el funcionamiento de la propia Comisión de Supervisión Parlamentaria.
Según su descargo, durante una parte importante del período auditado la comisión no habría mantenido una actividad regular que permitiera abordar cuestiones como los planes de trabajo, las memorias institucionales, los concursos y la situación del personal.
Esterelles afirmó además que varias de las cuestiones ahora observadas habían sido comunicadas oportunamente a la comisión, pero que no se habían tomado las decisiones necesarias para resolverlas.
Respecto del Fondo Especial de Reserva, defendió su legalidad y argumentó que la normativa presupuestaria contempla un tratamiento diferencial para el Poder Legislativo. También sostuvo que durante años el funcionamiento del fondo no había recibido objeciones de los organismos rectores de la administración financiera estatal.
La auditoría recomendó revisar el futuro del SAF 369
Más allá de las respuestas del exdirector, el informe de Auditoría Interna formuló una recomendación que podría tener consecuencias sobre la estructura administrativa de la OPC.
Los auditores plantearon que la Comisión de Supervisión Parlamentaria evalúe incluso la continuidad del SAF 369 y analice la posibilidad de que la Oficina de Presupuesto del Congreso vuelva a funcionar como un programa presupuestario bajo la órbita administrativa de alguna de las cámaras.
De este modo, la auditoría no sólo puso bajo cuestionamiento determinadas operaciones y procedimientos de la OPC, sino también el modelo administrativo adoptado por el organismo desde 2021.
La presentación del informe y el descargo de Esterelles dejan ahora la definición en manos de la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria, que deberá evaluar las observaciones realizadas, las explicaciones del exdirector y las eventuales medidas administrativas que correspondan.
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