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"Extorsión" a Lorenzetti: Recuerdan que Das Neves lo hizo, y la Afip no lo desmintió

¿Por qué las denuncias del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, acerca de una investigación abierta por la AFIP contra él y sus hijos tras el fallo del tribunal contra la reforma del Consejo de la Magistratura, es más creíble que la desmentida en la agencia estatal 'Télam'. No solo porque no hubo comunicado oficial del organismo que conduce Ricardo Echegaray, sino además porque existen antecedentes. El radical Mario Cimadevilla recordó un caso particular en su provincia bajo el mandato de Mario das Neves (entonces, ex director de la Aduana), donde Carlos Parodi fue absuelto de culpa y cargo luego de haber permanecido detenido casi 9 meses en una forma absolutamente arbitraria, en el marco de una persecución política inédita, desatada en su contra por el Gobierno del Chubut", reprodujeron en aquellas tierras patagónicas.

"El empresario y dirigente político Carlos Parodi fue absuelto de culpa y cargo por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, luego de haber permanecido detenido casi 9 meses en una forma absolutamente arbitraria, en el marco de una persecución política inédita, desatada en su contra por el Gobierno del Chubut. Parodi, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia del Chubut fue víctima de una detención mediática, donde los periodistas llegaron antes que la policía.

Hoy la justicia dio una muestra de independencia. No solo es un triunfo de los acusados arbitrariamente, sino de la sociedad toda, que a pesar de los avances desmedidos y de las presiones gubernamentales contra el Poder Judicial, todavía cuentan con un sistema republicano que debemos reforzar, para que estos penosos sucesos no vuelvan a ocurrir".

Texto publicado en 2007, en el sitio:

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24La denuncia del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre una investigación abierta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra él, sus hijos y su contador personal, Héctor Daniel Marchi, tras el fallo de máximo tribunal contra la reforma del Consejo de la Magistratura, generó tanto revuelo que terminó en el pedido de renuncia del titular del organismo, Ricardo Echegaray.

El titular del máximo tribunal denunció “extorsión” pero ayer (26/06) fuentes de la AFIP desmintieron haber abierto una pesquisa.

Claro que no resultó suficiente. 

La desmentida de AFIP fue realizada a través de la agencia estatal 'Télam' de fuentes anónimas. No hubo comunicado del organismo por lo que las críticas no se frenaron. Desde el PRO, por caso, el diputado nacional Federico Pinedo presentó una denuncia contra Echegaray, para que se investigue si efectivamente ordenó seguimientos sobre el aporte impositivo de Lorenzetti.

"El poder democrático no puede ser utilizado con fines políticos o privados", remarcó Pinedo. "Hay que poner un límite; el kirchnerismo tiene que entender que no puede utilizar el Estado para destruir el sistema democrático que tanto nos costó tener ni tampoco para atacar los derechos de la gente", exhortó.

Pinedo presentó hoy un escrito en el Juzgado Criminal y Correccional número 12, a cargo de Sergio Torres, en el que acusa a Echegaray por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". El fiscal federal Carlos Stornelli investigará el caso, según informaron voceros del diputado al diario 'La Nación'.
 
En su presentación, el legislador calificó el hecho "como una extorsión" de la Casa Rosada a los integrantes de la Corte. "Lo que se estaría buscando con la mencionada acción de la AFIP, sería imponer el temor no sólo al Presidente del máximo tribunal de la Nación, sino a todo el Poder Judicial", apuntó.
 
El jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados vinculó la revelación de la supuesta investigación impositiva contra Lorenzetti en un momento de "máxima tensión entre Poder Ejecutivo y el Poder Judicial" por el reciente fallo de la Corte en contra de los principales artículos de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
 
"Esta actitud de la AFIP, ya habría ocurrido en casos muy parecidos, para con personas que públicamente han formulado alguna crítica u opinión contraria al Gobierno", añadió Pinedo.
 
Por su parte, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi dijo que la supuesta investigación y otros ataques al Poder Judicial son "síntomas de una escalada contra la Justicia".

"El cristinismo no se maneja solamente por los enojos presidenciales sino que además desarrolla estrategias de mediano plazo cuando elige enemigos internos. Hoy el enemigo es la Corte Suprema en particular y el Poder Judicial en general, por haberse negado a cumplir la voluntad del Gobierno", sostuvo.

Para Fargosi, "estos ataques podrían derivar en un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Este concepto, aunque en general es utilizado para definir ataques contra el Poder Ejecutivo, también se aplica al Legislativo y al Judicial porque los tres son poderes estatales".

A su turno, el diputado nacional por el peronismo disidente y también candidato Francisco de Narváez, calificó la supuesta pesquisa como un hecho "muy peligroso, lamentable y grave".

El diputado nacional por el GEN-FAP, Omar Duclós, presentó un proyecto en el Congreso para que "se convoque de urgencia" al titular de la AFIP para que dé cuentas sobre la investigación sobre Lorenzetti y su entorno.

"Estos hechos se vinculan con los desatinados ataques de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la Justicia en su discurso del 20 de junio en Rosario, ante el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura", recordó Duclós.

La diputada nacional por Unión Por Todos Patricia Bullrich fue un paso más allá del resto de la oposición: exigió "la renuncia inmediata" de Echegaray por "abuso de autoridad".

"Desde ONCCA y AFIP, Echegaray reiteró actitudes de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y persecución", afirmó Bullrich.

"Vino por el campo, por los agentes inmobiliarios, por los cineastas, por Ciccone, por los countries, por los abuelos y por los periodistas que investigan a funcionarios", indicó la legisladora. "Ahora la presión y el amedrentamiento, se centra contra los miembros de la Corte, por el simple hecho de estar fallando en contra del deseo del Poder Ejecutivo", agregó.

"La persecución de la AFIP a los jueces, es un episodio gravísimo e incompatible con el sistema democrático. Exigimos la renuncia inmediata de su titular, Ricardo Echegaray", apuntó.

En tanto, el senador nacional por Chubut y miembro del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, apuntó que la investigación "tiene que tener algún tipo de aval político, sin lugar a dudas".

Y citó esta mañana, en declaraciones radiales, un antecedente de lo denunciado por Lorenzetti, un problema que, según manifestó el funcionario, ocurre con frecuencia en el interior del país y que no trasciende.

El ejemplo ocurrió en su provincia cuando Mario Das Neves asumió como gobernador.  

En 2001, durante la corta presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, había sido nombrado Director General de la Aduana argentina. Unos pocos días después, Eduardo Duhalde se convirtió en presidente, y lo confirmó en el cargo antes que Néstor Kirchner se convirtiera en "el candidato", y luego en presidente de la Nación.
 
En noviembre de 2003, Das Neves fue elegido gobernador de Chubut, por el 45,6% de los votos, venciendo al entonces gobernador José Luis Lizurume, de la Unión Cívica Radical, partido que se mantenía en el poder hacía casi 2 décadas.
 
Fue entonces cuando, como primer mandatario provincial y habiendo tejido fuertes contactos con la DGI, su primera arremetida contra el histórico partido fue promover una investigación contra quien era el presidente de la UCR en su provincia. 
 
"Cabe preguntarse si recordará este Das Neves a aquel otro que fogoneo la detención del ex-titular de la UCR, Carlos Parodi, apresado en un operativo conjunto de la Policía y el aparato de la propaganda oficial, que llenó de movileros y grandes titulares aquel día oprobioso. Parodi fue liberado meses después por ser inocente", recordó el sitio 'Rawson Hoy' a propósito de la detención del sindicalista Rubén 'Pollo' Sobrero en una vieja nota titulada 'El miedo no es sonso'.

El diario 'Clarín' publicó una corta nota acerca de la detención del jefe radical de Chubut, en agosto de 2004: "El presidente del radicalismo de esta provincia fue detenido ayer en Trelew por orden del juez federal Jorge Pfleger alcanzado por evasión fiscal: le debería a la AFIP la suma de 4.500.000 pesos. Se trata de Carlos Parodi quien preside la UCR desde..."-

El diario 'La Nación' publicó la misma noticia, que murió con la detención.

El sitio w ww.prensasc.com.ar publicó:

"El titular del radicalismo de Chubut, Carlos Parodi, fue detenido el lunes por el delito de «evasión agravada de tributos» y alojado en la comisaría local de la Policía Federal por orden del juez Jorge Pfleger. 

La detención fue confirmada por su abogado defensor, Javier Romero, quien se hizo presente en la seccional cuarta de la policía del Chubut con asiento en Trelew, donde fue detenido por un comando de la división «Drogas peligrosas y otros asuntos». 

(...)

Las actuaciones de la justicia federal habían merecido incluso sobre marzo de este año una cadena de allanamientos que incluyeron las oficinas de las estaciones de servicios y las viviendas particulares de Parodi donde se secuestró documentación. 

En su momento, el presidente de la UCR acusó al gobierno de Mario Das Neves de ser el inspirador de una persecución política en su contra, lo cual fue desmentido por la administración justicialista con el argumento de que se trata de un problema judicial y además de origen federal. 

Pese a estar expuesto por la causa de evasión, la Convención del radicalismo lo ratificó a Parodi como el presidente del partido en la última reunión realizada en la localidad cordillerana de Lago Puelo. 

Sin embargo, ayer por la tarde el ex gobernador José Luis Lizurume invitó a Parodi a que deje la conducción del partido, (...).

La orden de detención fue firmada además por el secretario Fernando Gelves y, según se confirmó extraoficialmente, de quedar firme el procesamiento se está frente a un delito no excarcelable, puesto que la pena mínima es de tres años y medio de prisión."

Sin embargo, casi 9 meses más tarde el propio fiscal solicitó el sobreseimiento del imputado.

 

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