Tras 30 años de vigencia de que prohibía a usuarios civiles la adquisición y tenencia de estas armas, salvo excepciones autorizadas por Defensa, el nuevo decreto sustituye ese régimen por un sistema de control administrado por la ANMAC.
El cambio fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial con el Decreto 397/2025, que dispone una modificación clave en el régimen de control de armas semiautomáticas de uso civil alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.
Las armas se podrán utilizar así en actividades deportivas, de acuerdo a la nueva normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
De este modo, el organismo que controla el uso y tenencia de armas de fuego de los usuarios en la Argentina, introdujo una serie de cambios para este tipo de armamento, bajo un régimen especial.
El Decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia.
Cabe recordar que la decisión se adoptó después de más de treinta años de vigencia de un sistema restrictivo impuesto por el Decreto 64/1995, que prohibía a los usuarios civiles la adquisición y tenencia de estas armas, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa.
El nuevo decreto sustituye ese régimen de prohibición general por un sistema de control administrado por la ANMAC, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
Días atrás el Gobierno puso también en marcha un nuevo sistema digital denominado Tenencia Express para agilizar el proceso de adquisición y poder tramitar la autorización de manera digital. El procedimiento incluye tanto a usuarios civiles como miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, policías y personal del servicio penitenciario.
A su vez, en diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo redujo de 21 a 18 años la edad mínima para poder comprar un arma de fuego y argumentó la necesidad de igualar derechos de todas las personas mayores. Para eso se modificó una norma que regía desde 1973.
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