Adorni asegura que consiguió US$591.544,61por la venta de criptoactivos entre 2017 y 2018, antes de llegar al poder. Frente a esas ganancias, Manuel Adorni y su mujer Bettina Angeletti -dice el escrito-, “optaron deliberadamente por vivir como si no lo tuvieran”, "privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo, con la mira puesta en garantizar, a mediano y largo plazo, la educación de sus hijos y su propia jubilación”.
Pero, según el escrito presentado, esa postura cambió cuando asumió la función pública, por cuestiones de seguridad: "el dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cuá y a la adquisición del departamento de Miró ”.
Los US$600 mil que ganó con bitcoin y no declaró
La fiscalía había posado la lupa sobre la tenencia de criptomonedas con las que Manuel Adorni buscó justificar la posesión de dólares aplicados a viajes al exterior, a la compra de propiedades como a las refacciones realizadas en la casa de Indio Cuá, todos en dólares cash, por cifras muy altas.
En el escrito presentado, la defensa de Manuel Adorni aseguró respecto a las sumas vinculadas a la operatoria con criptoactivos, que son US$ 269.550,36 durante el período investigado, que "quien pretende ocultar un enriquecimiento no publica sus direcciones de criptoactivos ante decenas de miles de seguidores”.
Al avanzar en el escrito, el abogado se ocupó de detallar la tenencia de criptomonedas y la liquidación de las mismas. En la página 30 del informe asegura que Adorni consiguió 591.544,61 dólares por la venta de estos activos, entre 2017 y 2018, según publicó Clarín.
Según argumentó, la acusación “no contaba con estas direcciones al momento de formular el requerimiento -razón por la que deviene lógico que el mismo no pudiera contradecir dicha información- pero corresponde señalar que las inversiones en Bitcoin -claramente anteriores al ingreso de mi asistido a la función pública- permiten descartar la existencia de enriquecimiento ilícito y explicar, acabadamente, cómo hizo frente a cada una de las operaciones cuya justificación fuera requerida ”.
El fiscal había sostenido en el requerimiento de justificación que no había documentación que sustente la titularidad de las criptomonedas ni la operación posterior, para explicar así la tenencia de dólares.
Al respecto, dice el escrito que “la trazabilidad de dichas operaciones y la cuantía de las mismas traen a la luz un patrimonio digital constituido y liquidado en su totalidad entre cinco y nueve años antes de que mi asistido asumiera sus funciones como agente público el 10 de diciembre de 2023”.
Este dato temporal, “objetivo e inmutable por la propia naturaleza del registro público de la red Bitcoin, desvirtúa de raíz cualquier hipótesis de que el efectivo declarado bajo 'venta de activos', constituya un enriquecimiento generado durante el ejercicio de la función pública: se trata, por el contrario, de la conversión paulatina a moneda de curso legal de un activo preexistente, cuya progresiva liquidación es la que explica los saldos declarados año a año”.
Acerca de las formas de acreditar su titularidad y los demás aspectos sobre el funcionamiento de las criptomonedas, “considero pertinente señalar que las mencionadas direcciones son billeteras de criptomonedas que pertenecen al señor Adorni, tal como demuestran las operaciones constatadas por el escribano público”, dijo el abogado Ledesma.
Continuando con la explicación, se añadió que cada billetera de criptomonedas cuenta con una clave pública y una privada. “Las ocho direcciones registran actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 -esto es, entre cinco y nueve años antes de que mi asistido asumiera sus funciones como agente público el 10 de diciembre de 2023- y no conservan saldo alguno a la fecha, por haber sido íntegramente liquidadas con anterioridad”.
En consecuencia, justificó Adorni, “se trata de un activo preexistente al ejercicio de la función pública, cuya progresiva conversión a efectivo en dólares estadounidenses es la que explica los saldos de USD 513.000 al cierre de 2023 (al inicio de ese período, es decir, al cierre de 2022, el importe era de USD 565.000), USD 388.961,52 al cierre de 2024 y USD 209.961,52 al cierre de 2025”.
La liquidación se concretó de la “ misma forma en que se había concretado la adquisición: mediante encuentros personales con los compradores, pactados previamente, en los que se acordaba el precio de cada operación y se hacía entrega de los Bitcoin a cambio del efectivo correspondiente, manteniéndose la misma reserva de identidad ya señalada ”.
En otras palabras, no hay registro de cuánto dinero efectivamente recibió con la venta de los criptoactivos ya que las operaciones fueron de manera personal y en efectivo.
El cambio de vida al llegar a la función pública: La explicación de Adorni
Tal como se mencionó anteriormente, la postura de “vivir como si no tuvieran los dólares”, cambió -dice el escrito-, cuando Manuel Adorni ingresó a la "función pública”. Al momento de explicar este punto, se expresó que “por razones de seguridad: el departamento de la calle Asamblea en el que residía el matrimonio no contaba con cochera y, al encontrarse en primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio, circunstancia que motivó la mudanza al inmueble de Miró 550”.
Pese a ello, lo explica la fiscalía, desde que ingresó a la función pública no declaró esa tenencia de dólares y tampoco, la adquisición de la casa -tiempo después-, de Indio Cuá. La justificación patrimonial sostiene que todo fue rectificado a través de las últimas declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.
La otra explicación para adquirir la vivienda en fue que a raíz de un “altercado que mi asistido protagonizó en la vía pública, el matrimonio entendió que, como familia, y a fin de preservar a sus hijos menores de edad, lo más conveniente era contar con una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá -que ya conocían- que les permitiese disfrutar, junto a los niños del aire libre. Fue por ello que adquirieron el inmueble del lote 380 y lo refaccionaron, adaptándolo a las necesidades del grupo familiar”.
La casa de los Adorni en Indio Cuá.
Al seguir con esa línea de justificación, Adorni dijo que junto a Angeletti “fueron conscientes de que, con esas decisiones, el dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cuá y a la adquisición del departamento de Miró”.
El origen de los fondos declarados bajo el rubro “venta de activos, satisface, en forma categórica, el estándar de verosimilitud, comprobabilidad, licitud y proporcionalidad que exige el Código Penal, porque responde a una cronología de inversión y liquidación precisa, verificable en el registro público e inmutable de la blockchain, y sustancialmente coincidente -en fechas, montos y magnitud- con el propio relato público de mi asistido, formulado con anterioridad e independencia de esta contestación”.
Los $43 millones que no cierran
“Adelanto desde ya que, según se demostrará, la evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, indica al comienzo el escrito presentado por la defensa de Manuel Adorni.
Durante la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que "pudo determinarse que, en el período apuntado, Manuel Adorni percibió treinta y cinco haberes derivados del ejercicio de su cargo a los que se añaden los correspondientes a ingresos comprobados de su cónyuge".
Frente a esos recursos, que ascienden en conjunto a $229.752.283, el grupo familiar afrontó gastos -por ejemplo seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito- por $272.820.832,20 pesos, por lo que la diferencia sin explicar es de más de $43 millones.
Respecto a esa diferencia, Adorni formula el siguiente descargo: “De $43.068.549 que arroja el cotejo de flujos en pesos representa el 15,8% de los egresos totales reconstruidos ($272.820.832,20) y el 18,7% de los ingresos lícitos computados ($229.752.283,20)". Para la defensa, a cargo de Matías Ledesma, “se trata de una brecha residual, no de una desproporción manifiesta", a diferencia de lo que el dictamen postula respecto de la magnitud del “salto patrimonial”.
Y agrega que “resulta perfectamente compatible con los márgenes de imprecisión propios de toda reconstrucción de flujos económicos de un grupo familiar a lo largo de dos años y medio, edificada sobre estimaciones de tipo de cambio, criterios de depuración de movimientos internos y partidas cuyo pagador 'no pudo identificarse' -extremo que el propio dictamen reconoce respecto de los comprobantes de ARCA”.
El informe contable -indica el documento- “reducirá esa brecha residual mediante la incorporación de las partidas aún no conciliadas”.
Las obras de Indio Cuá y las compras con tarjetas de subalternos
Manuel Adorni negó haber pagado US$245.929 por las reformas que hizo en la casa del country Indio Cua, como declaró el contratista Matías Tabar. Según la defensa del ex funcionario, gastó US$174.954,58, cifra que coincide -según sostiene el escrito- con lo que el “estudio contable acredita como efectivamente desembolsado y lo que, de manera enteramente independiente, el perito arquitecto determina como valor real de mercado de la obra”.
El ex jefe de Gabinete dio también una explicación sobre por qué recurrió a terceras personas -que trabajaban bajo su órbita- a nombre de quienes quedaron facturadas compras de bienes que eran para él y su familia.
“Resulta evidente que nunca hubo animosidad de ‘utilizar a terceros’, sino que Gisela Kocsis [funcionaria de la Casa Rosada] era la secretaria de Manuel Adorni, un funcionario de alto rango que por las funciones que cumplía, por las presiones a las que estaba sometido, y por la gran carga horaria, requería de la asistencia en distintos temas personales -generalmente de menor relevancia- y confiaba en quien sabía que podía confiar: una persona diligente con quien trabajaba todos los días, cuya dinámica le permitía a él delegar en ella distintas cuestiones”, justificó.
Pero Kocsis no fue la única funcionaria que figura como compradora de bienes que, en realidad, eran de Adorni. “La situación de Laura Daniela Schiuma -también mencionada en este punto del requerimiento- es diferente. Porque, sin perjuicio de que trabajaban juntos, eran amigos con Manuel Adorni y se conocían hace muchos años. Fue en ese contexto en el que Manuel, excepcionalmente y ante la necesidad de realizar una compra, le solicitó a la nombrada que le prestara su tarjeta de crédito; situación sumamente habitual cuando existe una relación de confianza previa ”, dice el escrito de la defensa.
Por último, en cuanto a Luis Enrique Aluju, la tercera persona que se sospecha que Adorni utilizó para hacer compras que no quería que quedaran registradas a su nombre, la defensa dijo que el propio Aluju, cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py “aclaró que el proyector lo había comprado él, que era para él y que lo tenía en su casa”. Según el escrito, Aluju lo envió a lo de Adorni -y no a su casa- “para que hubiera alguien que se lo pudiera recibir”.
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