De todos modos, lo de la Legislatura Porteña es solo un caso de la larga lista de ciberataques que sufrieron organismos del Estado, entre ellos, un ataque al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones, a la página Argentina.gob.ar y al sistema del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y hasta la Policía Federal.
Además de la Legislatura Porteña y otros organismos, en los últimos meses también sufrieron hackeos algunos organismos y empresas de la provincia de Córdoba, entre ellos el Poder Judicial. El ciberataque al Poder Judicial cordobés fue a mediados de agosto, y según información que trascendió, a la fecha no se ha logrado solucionar completamente.
Además de la Justicia, también sufrieron hackeos algunas empresas en la provincia de Córdoba, como la Aceitera General Deheza, a quienes le pidieron “una cifra importante en criptomonedas” por el "rescate" de sus datos, extorsión que obviamente se negaron a pagar.
También hubo un ciberataque muy mediático: el que sufrió el Senado de la Nación a principios de este año, en el que la Cámara Alta fue blanco de un ataque con la modalidad ransomware. Pero el Senado no fue el único, ya que antes de ese, específicamente el 7 de enero, el Poder Judicial de Chaco sufrió también un golpe informático del mismo tipo: ransomware.
La reacción del Estado
Acorralados por los ciberataques, el Estado parece reaccionar y agiliza por estas horas la renovación de la ley de Protección de Datos Personales.
"Comenzó la consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales", anuncia la página oficial del Gobierno respecto al tema.
En concreto, se buscará modificar la Ley 25.326, de Protección de Datos Personales, normativa que en su momento fue pionera en la región pero que ahora parece obsoleta.
Así las cosas, la Agencia de Acceso a la Información Pública publicó en el Boletín Oficial del lunes 12 de septiembre, la Resolución AAIP 119 con la que da inicio a la consulta pública sobre la propuesta de actualización de Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
"El objetivo es garantizar la efectiva participación de la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, establecido en el Anexo V del Decreto 1172/03", explican desde el Gobierno.
El Gobierno reaccionó porque los datos respecto a hackeos ya son insostenibles. Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), los casos asociados a la cibercriminalidad aumentaron cerca de 465% respecto al año pasado.
La consulta para que la ciudadanía participe en este proceso de modificación de la ley, estará disponible del 12 al 30 de septiembre inclusive. Se pueden enviar aportes y opiniones en el sitio web de la Agencia.
Además, también se pueden presentar en la Mesa de Entradas, Av. Pte. Julio A. Roca 710 piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 16 hs.
La propuesta completa a continuación:
