A pesar de estar separada de la Policía de Córdoba, la FPA tiene un vínculo muy estrecho con la misma ya que está compuesta por agentes que han pasado por sus filas. Además, comparte un problema apremiante: la falta de personal.
Ante esa situación, la administración de Llaryora comenzó a ver con buenos ojos la inclusión de ex militares a la FPA. La propuesta incluye una formación de los nuevos agentes en materia antinarcóticos, que se sumará a la experiencia en seguridad brindada por las Fuerzas Armadas.
Martín Llaryora y las FF.AA
Al respecto, y durante las horas más duras de la lucha entre Rosario y los narcos durante 2023, el gobernador cordobés expresó la necesidad de poner a personal militar en las calles. De hecho, apoyó públicamente la medida que finalmente no prosperó.
En los meses posteriores, y ante la escalada de la inseguridad en Córdoba, Llaryora se manifestó a favor de activar la ayuda de las FF.AA. En ese sentido, el gobernador aseguró que son “fuerzas de la democracia”, y apuntó a la necesidad de reformar las normativas actuales que impiden su presencia en problemas civiles.
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La lucha contra el narco en Córdoba pide refuerzos.
Descontento opositor
Naturalmente, la inclusión de una reforma de seguridad dentro del Presupuesto 2025 no fue del agrado del arco opositor en Córdoba. Según legisladores contrarios al oficialismo, el Centro Cívico intentó usar el tratamiento de fin de año para “hacer pasar” varias cuestiones fuera de la temática económica.
Entre ellas, la ampliación de la FPA con una medida que llevaría a la fuerza de 450 agentes actuales a nada menos que 1000. Un aumento exponencial en medio de una crisis de recursos humanos que fue admitida por el propio Gobierno provincial, luego de la ampliación del periodo de formación de personal policial que se produjo tras el caso Blas Correas.
