Para colmo, hay más escándalos en Brasil.
Nuevo escándalo
El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Flávio Dino, ordenó la congelación inmediata de más de $R 119,2 millones (US$ 23,5 millones) en activos y participaciones financieras pertenecientes a Valdemar Costa Neto, presidente nacional del Partido Liberal (PL). El líder del partido es sospechoso de malversación de fondos provenientes de 21 enmiendas parlamentarias.
Las enmiendas parlamentarias son fondos no presupuestarios que se distribuyen entre alcaldes y gobernadores, un mecanismo utilizado por Jair Bolsonaro en su momento para construir una coalición legislativa.
La investigación de la Policía Federal indica que Costa Neto, aun sin tener mandato parlamentario, fue el verdadero cerebro detrás del desvío de fondos públicos, utilizando una estructura paralela en la Cámara de Diputados para gestionar el llamado "presupuesto secreto". Según la investigación, el esquema operó entre junio de 2024 y marzo de este año.
La Policía Federal señala la participación de tres empleados de la Cámara de Diputados como instrumentos operativos del presidente del Partido Laborista en la trama. Entre ellos se encuentra Mariângela Fialek, conocida como "Tuca", identificada como la responsable de organizar y remitir las enmiendas al presupuesto secreto.
Trabajando junto a ella estaba Nara Benedetti Nicolau Brum, adscrita a la dirección del PL, cuya función era habilitar técnicamente las asignaciones y registrar las hojas de cálculo de los parlamentarios.
El tercer operador identificado es Garigham Amarante Pinto, abogado de la dirección del PL y emisario directo de Costa Neto, quien se encargaba de negociar cantidades globales, tal como una suma de R$ 24 millones (US$ 4,7 millones) destinada al turismo, mencionada en diálogos interceptados por la Policía Federal.
Según la corporación, el grupo operaba clandestinamente, tratando las enmiendas como "cuotas privadas" para un agente fuera del Parlamento, utilizando acrónimos como "VCN" o expresiones como "Valdemar's" en hojas de cálculo internas para identificar las reservas financieras destinadas al supuesto líder de la organización.
"La asombrosa influencia que algunos empleados de la Cámara de Diputados parecen atribuir al investigado Valdemar Costa Neto contrasta con la ausencia de cualquier base legal que le permita disponer de fondos públicos, independientemente de las cantidades o los beneficiarios", enfatizó Dino.
El grupo manipuló documentos para dar una apariencia de legalidad a las transferencias. Se falsificaron hojas de cálculo para designar falsamente a diputados federales en ejercicio como los "solicitantes" oficiales de las modificaciones a los ministerios, cuando, en realidad, las designaciones provenían directamente de Costa Neto.
Las investigaciones han identificado al menos 21 enmiendas parlamentarias cuyos documentos fueron falsificados. Si bien el monto total congelado asciende a R$ 119,2 millones, la pérdida real para las arcas públicas —relacionada con enmiendas que ya han sido pagadas— se estima en R$ 104 millones.
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