Por Joaquín Morales Solá (*)
La Iglesia Católica es, según las mediciones unánimes de opinión pública, la institución más creíble del país y una de las pocas, muy pocas, que conservan el equilibrio en el tembladeral que derrumbó a casi todas las instancias de la vida pública argentina. Sería injusto, frente a la historia y a la realidad misma, que el grave conflicto judicial que envuelve al sacerdote Julio César Grassi se vinculara con el resto de la institución católica.
Grassi eligió por sí mismo una trayectoria al margen de la estructura de la Iglesia. Frecuentó al menemismo y al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo cuando buena parte de los obispos del Gran Buenos Aires había tomado una actitud de férrea oposición al gobierno de aquellos años.
Trabó acuerdos mediáticos, que luego lo arrastrarían por los tribunales, cuando ya la Iglesia adoptaba un tono crítico con el contenido de muchos medios de comunicación. El propio Grassi se ocupó de enlazar su obra a su persona y no a la Iglesia.
En el interior de la Iglesia era un secreto a voces la relación tirante e independiente que Grassi tuvo en los últimos diez años con su superior inmediato, el obispo de Morón, Justo Laguna. "La verdad es que Laguna vivió sobre ascuas en los últimos años por obra de Grassi", dijeron fuentes eclesiásticas.
Tales referencias aluden al manejo de importantes sumas de dinero que llegaban a la fundación de Grassi y a sus relaciones políticas, que el obispo consideraba impropias de un religioso. Laguna nunca tuvo acceso al conocimiento de la integración de la fundación de Grassi ni a uno solo de sus balances anuales.
En rigor, Grassi estuvo muy lejos de las dos acciones más importantes de la Iglesia en los últimos tiempos. Una de ellas es la contención del conflicto social. Más de cinco mil sacerdotes están distribuidos, la mayoría de ellos al menos, en la primera línea del combate: arremangados en un pugilato desigual e insuficiente contra el hambre en las villas de emergencia que rodean a las grandes capitales.
La presencia y el poder de Grassi ni siquiera fueron comparables con la de la mayoría de los más de 80 obispos que en el interior del país se dedican, noche y día, a enlazar almas con fe de pastores. Las disputas políticas de la Iglesia se resuelven, al final, entre no más de diez purpurados con funciones en las cercanías de la capital política del país.
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La otra acción memorable de la Iglesia en tiempos recientes fue la creación de un espacio de diálogo en una nación atomizada, enfrentada y conducida siempre con más mezquindad que grandeza. A pesar de las críticas y de los críticos, tres obispos -el de San Isidro, Jorge Casaretto, es el más conocido entre ellos- se empecinaron en hablar con todos los que tuvieran algún signo de representación social, aunque fueran reos o anduvieran por los arrabales del escenario político.
Con la compañía, a veces solitaria, pero incansable, del representante de las Naciones Unidas, Carmelo Angulo Barturén, los obispos terminaron forzando al gobierno de Eduardo Duhalde a elaborar un plan social que es el que hoy se conoce como Jefas y Jefes de Hogar, un subsidio al desempleo medido ya en términos monumentales. Fue el primer pedido de la Iglesia a Duhalde y el único al que el Presidente accedió hasta ahora.
La política, en cambio, no entendió el sentido de ese diálogo. Muy pocas de las reformas que se reclamaron para darle oxígeno al sistema político terminaron plasmadas en los hechos. Una de las frases más sorprendentes de Casaretto ("Algunos no deberían volver", dijo en su momento, en alusión a la vieja dirigencia política) no encontró ningún aludido, como puede constatarse con sólo leer las páginas políticas de los diarios.
Entre curas mezclados con la miseria y obispos que empujan la política y las expresiones sociales, con suerte diversa, al ejercicio elemental de hablar en un país sin diálogo, Grassi vivió su propia vida, sazonada por algunos gestos inexplicables de dispendio.
Sin embargo, no debe subestimarse tampoco el golpe que significa, sobre la piel magullada de la sociedad argentina, la caída de un icono social. Sólo una minoría conocía los entretejidos políticos y financieros de un sacerdote que contaba con una mayoría social, sobre todo en los castigados sectores medios, convencida de que sólo la buena fe gobernaba una vida de sacrificios.
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No está dicha la última palabra sobre la vida íntima de Grassi. Eso deberá decirlo la Justicia, no la prensa. Pero ya en el quicio de la cárcel, Grassi se volvió a equivocar: en lugar de empezar por rendirle cuentas a la Justicia, que lo investiga desde hace dos años por delitos sexuales, prefirió rendirse ante la instancia mediática y exponer primero ahí su versión del caso.
Ni la Justicia ni el periodismo pueden ser indiferentes a una grave investigación que afecta a menores de edad. Pero Grassi es sólo un hombre, apartado por decisión propia de una institución que, con aciertos y errores, ha contribuido como pocos a conservar la paz social que aún existe en la desordenada Argentina. Al obispo Laguna le corresponde, por lo demás, la frase más lúcida que se oyó desde el estrépito del caso: "La verdad nos hará más libres".
Denuncian presiones
El titular del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Connaf), Norberto Liwski, denunció anteayer ante el tribunal de turno de Morón, a cargo de Gerardo Frega, supuestas presiones a los chicos de la fundación para saber si fueron contactados por periodistas y que se habría registrado en el establecimiento la fuga de al menos una menor que no fue denunciada oficialmente.
Si bien el organismo tiene facultades para realizar inspecciones en la fundación, como no existieron denuncias durante los últimos diez meses no se efectuaron supervisiones.
Liwski asumió la responsabilidad de que los niños de la entidad "no vivan" la situación generada por la detención del sacerdote. Para él, la denuncia que pesa sobre Grassi significa "un alerta a todos los organismos públicos".
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(*) Diario La Nación, de la Ciudad de Buenos Aires.