La semana pasada, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, agrupaciones feministas marcharon al Congreso y reclamaron a los legisladores el rápido tratamiento de la iniciativa.
Por su parte, los obispos argentinos volvieron a condenar el sábado el aborto y exhortaron a respetar la vida humana desde el momento mismo de la concepción.
La Iglesia considera "moralmente inaceptable", la interrupción voluntaria del embarazo, y el cardenal Jorge Bergoglio, primado de la Argentina, suplicó "la protección de Dios sobre cada ser humano llamado a la existencia".
La diputada nacional Cecilia Merchán (Libres del Sur), una de las impulsoras de la iniciativa, aseguró que en la Cámara baja "existe una clara voluntad política de tratar la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo".
Medio centenar de diputadas y diputados de más de 11 bloques parlamentarios, entre los cuales se encuentran el Frente para la Victoria, UCR, Coalición Cívica, PRO y el socialismo, firmaron un proyecto en favor de la despenalización del aborto.
Además, cuatro universidades nacionales -UBA, Córdoba, La Plata y Comahue-, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo y la escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín también se pronunciaron por no castigar a las mujeres que recurren al aborto.
El 28 de septiembre pasado, más de un millar de mujeres en todo el país recurrieron a la Justicia para solicitar la despenalización del aborto, una práctica que según las estadísticas oficiales provoca al menos el 25 por ciento de las muertes maternas en el país.
Las mujeres presentaron en los tribunales un recurso habeas corpus preventivo y colectivo en favor de que la interrupción voluntaria del embarazo no sea castigada.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, en el país se realizan alrededor de 600.000 abortos inseguros por año, casi uno por cada bebé nacido vivo.
La estadística oficial también señala que 80.000 mujeres son hospitalizadas cada año luego de someterse a abortos insalubres. Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) pidió a los gobiernos de América Latina y el Caribe que demuestren "voluntad política" e impulsen medidas para despenalizar "con urgencia" el aborto.
Amnistía, además, criticó la restricción que existe al acceso a la información y a los servicios que garanticen un aborto legal, por lo que consideró que los derechos humanos de las mujeres "están en grave peligro".
