# La carta de 'Lealtad'
Una decena de consultoras (incluidas FIEL, Ecolatina, Finsoport, Estudio Bein, Economía y Regiones, Abeceb.com) recibieron la carta de la Dirección de Lealtad Comercial, que dirige Lucila Colombo y que dependiente de Moreno, a diferencia de otras más cercanas al Gobierno.
La mayoría optó por responder el exhaustivo cuestionario de 19 preguntas, que incluía preguntas sobre los locales relevados, amparados por el secreto estadístico, y otros datos que ni el INdEC da a conocer.
La presión se basó en una presentación de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires (Comafru), que, a su vez, depende del secretario de Comercio.
"A nosotros nos afectaban las informaciones que daban las consultoras en los diarios sobre los aumentos de los precios, porque cuando las amas de casa lo leen evitan ir a la verdulería", dijo al diario 'La Nacion' Fabián Zeta.
Zeta agregó que le giraron una carta a Moreno, "de quien dependemos", para quejarse por esta cuestión, lo que sirvió como base para la curiosa estrategia legal del secretario de Comercio Interior.
Al mismo tiempo, se supo que varias de las consultoras cuestionadas no sólo les prestan servicios a empresas privadas y a sindicatos, sino también a la justicia nacional, que les ha pedido a firmas como Ecolatina y Finsoport que les brinden una referencia de alza de precios para fijar una pauta de indexación en demandas civiles.
Mientras algunas consultoras esperan el final del procedimiento administrativo para ver si tienen que recurrir a la justicia ordinaria si son multadas, otras, como Finsoport, de Jorge Todesca, pidieron la nulidad de la actuación de Moreno, por falta de argumentos sólidos.
"O nos sancionan por no darles las respuestas, o por no hacerlo como ellos quieren", dijo Todesca.
Otros recordaron que no sólo las consultoras y las universidades critican al INdEC, sino también ONG de buena relación con el Gobierno, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su último informe, el CELS señaló que el Gobierno "inició desde 2007 un proceso de desarticulación del INdEC, que produjo, entre otros efectos, la restricción del acceso a la información pública, además de una grave crisis de credibilidad en la información producida por organismos oficiales".
