"Se trata de un expediente que tuvo un comienzo explosivo y vertiginoso, sin la intervención de las partes durante meses, y que un día cobra una dinámica infernal con detenciones y que se ha ampliado de modo amorfo, de la bitácora de un chofer a una asociación ilícita", señaló el abogado. Y advirtió que "es indispensable ordenar esto de la asociación ilícita" porque "en esta gigantesca vorágine, la solución del juez fue poner a todos como integrantes de la asociación ilícita".
Según se planteó, el juez Claudio Bonadio "hizo distinciones muy pequeñas. Cualquiera fuera la intensidad, y el carácter y la magnitud temporal en la que intervino (en la supuesta banda). Acá hay un error serio en la lectura del expediente. Es muy raro que, como están los hechos, sea una asociación ilícita en donde el jefe le indicaba al organizador que trajera dinero del miembro".
Tras aclarar que "nadie dice que no haya que juzgar" la conducta de Calcaterra, su defensa les reclamó a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que revisen la decisión de Bonadio y los alcances de la asociación ilícita: "No es lo mismo" el rol que pudieron haber tenido ex funcionarios que pertenecieron al Gobierno durante 15 años, "algunos empresarios que fueron funcionales a una asociación ilícita -si la hubo- o algún empresario que un año puso plata y no puso nunca más".
"Todo esto tiene un efecto lapidario en el expediente. Si esto no se corrige ahora, difícilmente se corrija alguna vez. Porque esto parece que quieren ir a juicio oral con rapidez. ¿Cuándo se va a poder discutir eso? Es insólito que una causa sea elevada a juicio en seis meses y tenga una instrucción suplementaria de ocho años para dilucidar el aporte de cada persona", aseguró Rosental.
Y añadió: "Bajo el paraguas de la asociación ilícita, se esconde cualquier cosa que pase por abajo sin distinción de los hechos. La causa va a fracasar por no poder administrar justicia como corresponde. Vamos a sentarnos en un tribunal oral. Imagínense esta causa en un tribunal oral con lo que tienen ahora. Y lo que tienen ahora son: las anotaciones de Centeno, muy alejadas de la prueba del hecho; las declaraciones en acuerdos de colaboración sin corroboración alguna; y los procesamientos de todos".
Por su parte, Díaz Cantón advirtió que "acá se coloca a todos los imputados en la misma bolsa" e incluso señaló que Calcaterra "no puede ser integrante de una asociación ilícita" cuando "las entregas no fueron voluntarias sino coaccionadas".
"En una asociación ilícita hay cohesión, uniformidad, sentimiento de pertenencia. Con Angelo Calcaterra se da la paradoja de que, siendo el primer colaborador espontáneo que tuvo la causa, no solo no se refleja ningún beneficio en la causa sino todo lo contrario. Se lo procesa como miembro, se le dicta una prisión preventiva y se lo embarga por una suma desproporcionada", advirtió.
La defensa aseguró que "la prisión preventiva ni siquiera debió haberse dictado cuando el juez ya le había otorgado la libertad provisoria el día que se presentó en tribunales" y afirmó que "la presentación voluntaria descarta de plano la idea de una fuga ni hay medidas de prueba a realizarse. Pero además no corresponde teniendo en cuenta una eventual pena en suspenso, a reducirse a la mitad por su colaboración".
Además se criticó "el embargo de 4 mil millones de pesos porque no guarda los principales de racionalidad" y porque "el monto fue al voleo y la suma no guarda relación con los hechos".
