En el Congreso, por su parte, la oposición se abroqueló y en conjunto solicitó la convocatoria a una sesión especial con el objetivo de derogar la norma.
Dentro del oficialismo también hay reproches. Específicamente del sector radical. Tanto el gobernador jujeño Gerardo Morales, su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, como el diputado santacruceño Eduardo Costa manifestaron su disconformidad con el cobro extra.
La posición de la UCR, en tanto, quedó institucionalizada a través de una propuesta para que el costo sea absorbido en partes iguales por las empresas y el Estado, en lo que denominó un "sacrificio compartido".
El partido explicó que frente a un tipo de cambio de $38 por cada dólar, la deuda asciende a US$263.157.895, por lo que manteniendo el plan de 24 cuotas el Estado Nacional debería abonar aproximadamente US$10.965.000 por mes. O bien "buscar una alternativa de financiamiento que sea factible cumplir".
"Proponemos que, en virtud de la teoría del sacrificio compartido, el 50% de esta suma sea absorbida por las empresas productoras de gas y el resto sea afrontado por el Gobierno Nacional en calidad de subsidio a los usuarios", manifestó el partido centenario.