Los interventores realizaron nuevos contratos con otras prestadoras medicas. Tejada y Garrido resolvieron que dos firmas que tienen un pasado oscuro sean las elegidas. Ambas están involucradas en la denominada “Mafia de los medicamentos”.
Se trata de Farmanexus de Proyecta Milenium S.A. e Iter Medicina S.A. como nuevas prestatarias que se encuentran involucrada en la famosa causa de estafa a las obras sociales gremiales, que rozó a varios popes en el pasado cercano y que determinó la prisión de Juan José Zanola.
El modus operandi de la mafia de los medicamentos se basó en un sistema complejo de falsificación de troqueles de medicamentos, que nunca se entregaron pero se facturaron por cifras multimillonarias, vaciando las arcas de las instituciones.
Farmanexus participó de quiebras de obras sociales, por ejemplo las Obras Sociales del gremio de los Plásticos y de los Ferroviarios.
Además, las prestadoras beneficiadas con la intervención político-judicial, fueron acusadas en un informe elaborado por la Coalición Cívica (parte de la alianza gobernante Cambiemos), en el que las firmas prestatarias son señaladas por irregularidades y manejo de fondos sospechosos por aportes de campañas políticas en 2007, entre algunas prestatarias figura con las mayores “donaciones” Iter Medicina S.A. con 310 mil pesos.
La denominada mafia de los medicamentos paralelamente estuvo relacionada con el trafico de efedrina que salpico a varias droguerías, caso que se destapo luego del triple crimen de General Rodríguez de los tres empresarios farmacéuticos.
Cabe recordar que la semana pasada el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOC 4) dispuso que el extitular del SOMU, Omar "Caballo" Suárez, deberá cumplir prisión preventiva durante un año más, a la espera del juicio oral que podría comenzar en los primeros meses de 2019.
Ante la inminencia del proceso, trascendió que el ‘Caballo’ estaría negociando convertirse en arrepentido.
Suárez aportaría información en la Justicia de todas las operaciones que el sindicato realizó especialmente a partir de 2004 y hasta el fin del gobierno de Cristina Kirchner. Al menos seis empresarios serían sindicados como partícipes de distintas maniobras.
Por su parte, desde agosto transita en el Consejo de la Magistratura la investigación por el patrimonio de Canicoba Corral y su esposa. Se pidieron declaraciones juradas, tarjetas de crédito, bienes inmuebles y automóviles de la pareja.
El juez quedó bajo sospecha en los últimos meses después de que varias publicaciones periodísticas revelaran el crecimiento de los bienes y de los negocios de su esposa con amigos del magistrado.
La denuncia contra Canicoba Corral está basada en un artículo publicado por el diario La Nación que reveló que el juez y Tejada son dueños de por lo menos tres propiedades por US$2 millones: un semipiso en la zona más exclusiva de Palermo, una casona en Vicente López y un terreno en Uruguay. Los inmuebles aparecen casi completamente a nombre de la esposa, una empleada del Poder Judicial que trabajó con el magistrado en Comodoro Py y luego montó su propio estudio jurídico.
