La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro emitió la Licencia General N°5 que autorizó a los inversionistas estadounidenses a participar en todas las operaciones relacionadas con el Bono 2020, pero dejó por fuera cualquier operación con los demás bonos venezolanos, sancionados entre agosto de 2017 y mayo de este año.
Estos bonos son los únicos que no están en riesgo de default, ya que están garantizados con la única empresa petrolera que el gobierno de Nicolás Maduro ha protegido. La otra mitad de las acciones de Citgo sirven como colateral de un préstamo por US$ 1.500 millones que Rosneft cedió a la petrolera en 2016.
Las probabilidades de que Venezuela no pague sus deudas son altas. Para marzo de este año, el país debía 1.3 mil millones de dólares repartidos entre 13 bonos vencidos. Sin embargo, a lo largo del año se sumarían cuatro bonos más, que aumentarían la deuda a dos millardos.
A esto se añaden al menos 9 mil millones de dólares por concepto de deuda externa. Por ahora, lo que queda claro es que los tenedores de bonos de PDVSA podrán ejecutar sus garantías si Venezuela incumple deudas por más de US$ 100 millones.
El manejo y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el bono PDVSA 2020 hasta la fecha, coloca a Venezuela en la categoría de default selectivo, al privilegiar el pago de este bono sobre otros, como bonos de la República y Elecar.
Según informó Redd Latam, el 28 de abril pasado PDVSA depositó 107 millones de dólares correspondientes al pago del cupón del PDVSA 2020, lo que evitó que estos papeles entraran en período de gracia por 30 días, pero ya días antes se había ventilado que los tenedores se organizaban para demandar por ese pago. El grupo de inversionistas incluye a Ashmore Group Plc., que es el mayor tenedor de estos papeles, y quien pudo haber presionado desde Wall Street la emisión de dicha licencia.
En los próximos meses, cuando Venezuela acumula un importante tramo de pagos de deuda, se observará si alrededor de los bonos venezolanos existe una tensión entre los intereses de Wall Street y del gobierno estadounidense, o si, por el contrario, los instrumentos legales impuestos por la Administración Trump contra Venezuela privan por encima de los intereses económicos.
Aunque esta medida allana el camino para una captura de los activos venezolanos en Estados Unidos, la excepción sobre este bono también crea la oportunidad de que pueda ocurrir una recompra del mismo y que el país obtenga financiamiento, bien sea por China o Rosneft, aliados financieros de Venezuela. Este último ya posee parte del colateral del PDVSA 2020. Esta posibilidad estaba descartada antes de esta resolución y esa eventualidad está por verse.
