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Aportantes truchos: Stanley entregó informe clave a la Justicia

El documento, recibido por el fiscal Di Lello, permitirá determinar si decenas de aportantes a la campaña electoral del PRO en la provincia de Buenos Aires del 2017 son beneficiarios de planes sociales.
23 de julio de 2018 - 17:15

El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello recibió este lunes un informe del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que permitiría confirmar que decenas de aportantes a la campaña electoral del PRO en la provincia de Buenos Aires del 2017 son beneficiarios de planes sociales.

Según anticipó el canal de noticias C5N, Di Lello ya tiene en su poder uno de los 3 informes para la investigación sobre los 200 aportantes truchos, que hoy jaquea al PRO y al gobierno de María Eugenia Vidal. Los otros dos reportes fueron solicitados a la Anses y a la Gendarmería nacional.

Al igual que a la cartera de Carolina Stanley, al organismo previsional que dirige Emilio Basavilbaso se le exigió que informe si los donantes reciben la AUH, pensiones, jubilaciones o algún tipo de subsidio estatal, y desde cuándo. A la fuerza de seguridad se le encomendó un monitoreo social sobre unas 50 personas involucrados con el financiamiento del partido oficialista, elegidas al azar, para conocer en qué condiciones viven.

Días atrás, el fiscal recibió de la Cámara Nacional Electoral un informe que confirma que, de una muestra de 100 nombres tomada al azar entre todos los falsos aportantes a la campaña de 2017 en la provincia de Buenos Aires, el 99% también figuran como afiliados al PRO, algunos desde el 2006.

Con toda la documentación en sus manos, Di Lello se presentará en los tribunales federales de La Plata para formular una denuncia penal. La pesquisa se inició preliminarmente por presuntas violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero también podrían surgir otros delitos asociados, como la falsificación de firma y/o de documentos. Se estima que muchos de los aportantes truchos fueron afiliados sin saberlo al PRO bonaerense, la columna vertebral del armado político de Vidal y la plataforma electoral que utilizaron los candidatos macristas en las las generales del 2015 y las legislativas de 2017.

En paralelo, la ONG La Alameda que lidera Gustavo Vera denunció a los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaban las listas del oficialismo en la provincia. Ese expediente recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Carlos Stornelli, quien todavía no se pronunció sobre la supuesta maniobra de lavado de dinero. El magistrado citó a los primeros testigos que aparecen como aportantes falsos.

Según una investigación del programa El Destape, el oficialismo habría hecho figurar como aportantes de la campaña a por lo menos 200 beneficiarios de los programas "Ellas Hacen" y "Argentina Trabaja", quienes al ser consultados por ese medio desmintieron haber contribuido a ese fin. Los aportes fueron de entre $300 y $3.000, una cifra muy alta para beneficiarios de planes mensuales de no más de $ 4.500, que se encuentran en muchos casos en situación de pobreza.

Ante el escándalo, la gobernadora bonaerense echó a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, que es también tesorera del PRO, y ordenó la apertura de una auditoría interna sobre la rendición de cuentas de los aportes políticos.

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