"IPPF también financia el lobby abortista en la Argentina, como CEDES, Fundación Huésped", finaliza el video.
Esta embestida de Obarrio y los autodenominados 'Provida' se da ante la inminente presentación del ministro de Salud en el Senado para exponer a favor de la legalización del aborto.
# La desmentida de IPPF
Al respecto de la denuncia de venta de órganos, que fue un escándalo en USA en 2015, ocurrió tras una cámara oculta a la doctora Deborah Nucatola, Directora de Servicios Médicos de IPPF, en el que hablaba sobre la venta de tejido fetal procedente de abortos, a un valor que oscila “entre 30 y 100 dólares por espécimen“. En otro video, Melissa Farrel, Directora de IPPF Texas, negocia los “cadáveres de fetos” y asegurando que IPPF puede manejar los abortos para que no se dañen los órganos que luego serán vendidos.
Luego del escándalo desatado por estas filmaciones, la IPPF emitió un comunicado sobre la venta de tejido fetal, donde apelando al “gran valor para la ciencia” confirmó que las clínicas abortistas “asociadas” a IPPF son proveedoras de tejidos reproductivos humanos incluyendo tejidos fetales, células y fluidos. En su primera página, IPPF hace mención a que ellos prestan “especial atención al permiso para conducir investigaciones utilizando productos de la concepción, incluido el tejido fetal derivado de embarazos abortados” y que “la investigación utilizando tejidos fetales producto de abortos es legal, y se conduce de manera ética alrededor del mundo“.
IPPF explica que “no se debe realizar ningún pago o incentivo de ningún tipo a las mujeres que deciden donar tejido de embarazo abortado para investigación” y que las clínicas abortistas “no deberían recibir ningún beneficio directo, financieros o de otro tipo, de contribuir tejido de embarazo abortado para investigar” pero… “puede ser necesario que la clínica abortista cobre una determinada tarifa para compensar sus costos, suministros, logística de procesamiento, almacenamiento y transferencia relacionada con la recolección y donación de tejido proveniente de embarazo abortado”.
“Hace dos años, PPFA fue atacada por una campaña en la que se manipularon videos intentando vincular la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo con la venta de tejidos. Investigaciones en trece Estados del país, incluyendo un gran jurado en Texas y varias investigaciones del congreso de Estados Unidos, han demostrado que PPFA no ha incurrido en ninguna acción indebida. Además, ocho Estados decidieron no proceder con ningún tipo de investigación citando falta de evidencia”, explicó Giselle Carino, directora Regional de IPPF, a Clarín.
Y contó que el juez federal William Orrick dijo entonces: “Los reclamos hechos por anti-derechos extremistas no cuentan con ningún tipo de evidencia ni fundamento. En cambio, el individuo que falsificó los videos ha sido acusado de 15 delitos graves”.
Casa Fusa y Fundación Huésped sacaron comunicados tras la acusación de la legisladora de Cambiemos Silvia Beatriz Elías de Pérez en los que aclaran no tener vinculación con PPFA y sí con IPPF. Dicha legisladora se destacó por preguntar una y otra vez a los expositores favorables a la ley si eran “financiados por IPPF” (Federación Internacional de Planificación Familiar). Según la senadora, IPPF “trafica órganos de fetos”.
“Trabajamos por los derechos de las personas. Buscamos contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. Apoyamos que el aborto sea legal, seguro y gratuito porque es una cuestión de salud pública y porque creemos en el derecho a una maternidad elegida y deseada. No forzada. Somos una organización de puertas abiertas. Hoy nos parece necesario remarcarlo en este contexto de violentas agresiones y descalificaciones a nuestro trabajo y el de muchos otros referentes de la sociedad civil por parte de un sector contrario a la ampliación de derechos sociales en nuestro país”, dijo Casa Fusa.
“Sí, articulamos con IPPF, una organización no gubernamental y sin fines de lucro que trabaja no sólo en América Latina sino en el mundo, con el objetivo de garantizar y promover derechos sexuales y reproductivos -entre los que está la interrupción legal del embarazo- en concordancia con nuestra misión institucional”, sostuvo Huésped.
