Ante la posibilidad de estar frente a un conflicto de intereses e incumplimiento de la Ley de Ética Pública, solicité se investigaran las compraventas (e incluso posibles traspasos de mano en mano) fuera de las licitaciones que debieron haberse efectuado y que podrían haber favorecido a empresas del grupo perteneciente a la familia del Presidente –o grupos afines- y a sus propietarios, cuya cercanía a integrantes del Gobierno Nacional es/era posible.
En tal sentido, los funcionarios intervinientes pudieron haber aprobado las transacciones de compraventa de las licitaciones ganadas por Isolux a empresas que podrían estar ligadas al grupo económico de la familia presidencial, permitido luego la venta de éstas a terceros, y en el interín haber otorgado nuevas licitaciones a Isolux que se estaba desvinculando y desinvirtiendo.
El caso de los parques eólicos es realmente escandaloso. Los conflictos de interés son una puerta que se abre y permite el ingreso a la falta de transparencia que deriva en corrupción.
Uno de los problemas más importantes al respecto es que carecemos de una Oficina Anticorrupción independiente.
Laura Alonso posee antecedentes como activa militante del partido gobernante y resulta carente de la independencia necesaria del Poder Ejecutivo Nacional, al cual debe controlar e investigar, y por ello la inhabilita para ejercer con idoneidad las funciones del cargo.
A casi 6 meses de la presentación, la OA sólo refiere estar esperando respuestas a pedidos de informes.
Con Aranguren desplazado del cargo de ministro e Iguacel recién ingresado en funciones todo puede demorar siempre más, mucho más.