> hizo la más rápida y notable renegociación de la deuda externa en default,
> tuvo la mayor pérdida de reservas de su historia (entre kirchnerismo y macrismo se fueron del Banco Central más de US$ 90.000M),
> la mayor emisión de deuda de un país en menos tiempo (medido vs. PBI) y, ahora,
> obtiene el mayor préstamo que otorgó en su historia el Fondo Monetario Internacional.
Somos un laboratorio económico, lástima que vivimos en ese laboratorio.
Nunca quedará claro si el FMI respalda al Gobierno de Mauricio Macri per se, o si es una señal para Venezuela y Brasil, en el primer caso, adelantando el dinero que puede haber para reconstruir el país si se sacan de encima al chavismo y, en el otro, para convencer a Michel Temer de recurrir a Washington para terminar de estabilizar la economía brasileña. Aunque hay una 3ra. opción: Que se le haya prestado a la sede del G20 del 2018, próximo “Mercado Emergente” para MSCI o para el futuro miembro de la OCDE. Como sea, la línea de créditos por US$ 50.000M ya está abierta, en pocas semanas ingresarán US$ 15.000M y los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento tiene otros US$ 6.500M para prestar en lo que resta del año.
Tal como quería Mauricio Macri, logró un “paraguas financiero” hasta el final de su Mandato, pero siempre y cuando cumpla con las exigencias negociadas con el FMI, que no son menores, pero muestran muy bien la intención del macrismo de quién deberá pagar el costo del ajuste prometido. Y, en ese caso, repartieron el esfuerzo en los otros, y poco a nivel Nación.
En 3 años hay que ahorrar (o eliminar gastos, como se lo quiera ver) por US$ 19.300M, son US$ 9.000M más de lo previsto antes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No es una cifra menor, a cambio del viernes es no gastar o recortas gastos por $500.000M.
¿Dónde se harán los recortes? Las provincias van a tener que renunciar a recibir $133.400M en dos años, justo en uno electoral (2019) y el primero de gestión de algunos futuros Gobernadores (2020). Alcanzar este “renunciamiento” de fondos será una batalla política inmensa para la Casa Rosada, que viene de una derrota aplastante, tal como fue el proyecto para retrotraer los aumentos de las tarifas, que obligó al veto presidencial.
Estos números implican una merma de 74% de las transferencias a las provincias, no sobre la coparticipación, sino sobre el dinero adicional que todos los Gobernadores necesitan para pagar salario, obras públicas, subsidios, déficit de cajas previsionales locales y otros gastos que, en años electorales, se multiplican. ¿Van a votar Senadores y Diputados esos recortes en los Presupuestos 2019, 2020 y 2021? No se trata sólo del Presupuesto del próximo ejercicio, sino de los otros 2 siguientes, momentos en que nadie, a ciencia cierta, podrá decir cuál será el balance de fuerzas políticas en esos años. Es un desafío político superlativo.
También se promete un recorte de 81% de los Gastos de Capital, sobre todo obras públicas, que han sido la columna vertebral del Gobierno de Mauricio Macri para seducir gobernadores, intendentes y electorados, desde el Gran Buenos Aires hasta el Norte, pasando por Córdoba, Santa Fe o Mendoza. ¿Con qué reemplazar el macrismo este instrumento de seducción y de obtención de votos fuera de la Ciudad de Buenos Aires?
En la Casa Rosado apuestan a las PPP (Propiedad Público Privada). El martes, silenciosamente, el Gobierno adjudicó la 1ra. rueda de PPP para los corredores viales. Quedaron afuera el Grupo Roggio, Chediack, Techint y la constructora de Marcelo Mindlin; y ganaron algunos de los viejos miembros del “Club del Peaje” y el Grupo Eurnekián, acompañados por inversores de China, Panamá y Portugal. Fue un leading case, exitoso desde donde se lo mire.
Para el Gobierno, implican obras públicas por algo más de US$ 5.500M, más US$ 2.000M adicionales entre los años 6to. y 15to. de las concesiones, fondos que serán tomados por el Ministerio de Financias para dotarse de liquidez, que no tendrá impacto en las cuentas nacionales, pero que tendrá un efecto financiero, por ahora, no mensurable.
¿Podrá el Gobierno reemplazar las obras públicas programadas por nuevos programas de PPP? Hace una semana, funcionarios de las carteras de Energía y Minería, Hacienda, Transporte e Interior, Obras Públicas y Vivienda; están haciendo un pormenorizado análisis para llevar a cabo 3 o 4 ruedas de licitación de PPP en lo que resta de 2018 y 2019. Sin embargo, todavía es temprano para saber si se alcanzará o no esa meta. Por ahora, está claro el recorte de gastos que se debe hacer, no su reemplazo.
El 3er. gran rubro de ajuste serán los subsidios a la Energía y el Transporte, que deberán caer a la mitad (48%, representante de 1,1% de PBI). Eso implica más aumentos de tarifas de los servicios públicos, entre ellos, los boletos de tren, subte y colectivos. Y acá nacen 2 problemas.
> ¿Cómo evitar que estos incrementos de costos para los comercios y empresas no generen aumentos de precios, retroalimentando la inflación que se dice, quieren frenar?
> ¿Cuánto margen adicional hay de suba de tarifas a nivel familiar? Hoy, las boletas de luz, gas, agua y cloacas se hacen impagables en muchos hogares y obligan a restringir consumos esenciales. Sin una política de fuertes aumentos de salarios e ingresos, el impacto en el consumo familiar puede ser devastador. Esto sin contar el impacto que tendrá en el humor social y en la voluntad e intención de votos hacia el Gobierno.
Por fin, el 4to. rubro con más recortes es en Salarios, Bienes y Servicios. Otro segmento en donde el Gobierno ha realizado muchos anuncios, pero pocos resultados. Se promete que la baja no será por retraso nominal y real de los sueldos públicos, como en 2001. El recorte vendrá de la reducción de algo más de 30.000 puestos de trabajo, sobre una plantilla de 740.000 empleados públicos. Es un ajuste de algo menos de 5% del total, pero en estos dos años y medio, el macrismo hizo varios anuncios al respecto, aunque sólo redujo la plantilla de empleados públicos en 23.500 personas. ¿Cómo hacer en 12 meses lo que no se hizo en 30 meses?
El ajuste que conlleva el acuerdo es muy fuerte, quizás, el más fuerte negociado desde que la Argentina tiene pactos firmados con el FMI. En apariencia, las metas firmadas por el Gobierno de Mauricio Macri aseguran seguir con la misma política económica, pero con un ajuste más dinámico y números macroeconómicos más consistentes. No es gradualismo, pero es una forma más acelerada y profunda de hacer ajustes estructurales, aunque sin llegar al shock que proponía la barra de economistas ultraliberales.
Pero este acuerdo implica una visión macroeconómica mucho más amplia de la aplicada hasta ahora. No sólo el gradualismo deja de ser la meta principal de gestión. Ahora, se asegura que el Banco Central no pueda ser más intervenido por empresarios advenedizos que tuvieron ínfulas de ministro de Economía y sueños de Jefe de Gabinete, cuando su mayor logro es haber imitado un modelo modelo de venta de medicamentos que se aplica en USA, o de aquellos que ilusionaron ser herederos de Mauricio Macri, pese a no tener más de 3% de intención de votos.
El Acuerdo con el FMI busca erradicar la “contabilidad creativa” del Banco Central, cancelar el pasivo de US$ 65.000M que dejó Cristina Fernández al sacarle fondos para hacer frente al Gasto Corriente y volver a asegurar la independencia del BCRA. En el camino, contra todas las opiniones previas, el Fondo apuesta a las “Metas de Inflación” y a reducir la “bomba” de las Lebacs, 2 de los flancos más débiles del “modelo macrista”, que obligará a emitir otros US$ 25.000M de deuda soberana.
Era sabido que, tarde o temprano, había que finalizar con los Adelantos Transitorios al Tesoro Nacional, no se podían seguir refinanciándose los Bonos Intransferibles y no se podía intentar controlar la inflación a través de la herramienta monetaria sin ajuste del Gasto Público total. Tuvo que venir una crisis que nos costó US$ 15.000M de las reservas del BCRA para comprender que no se podía extender en el tiempo poner en orden las cuentas de la entidad que dirige Federico Sturzenegger.
De esta forma, el FMI no sólo nos obliga a realizar con velocidad y firmeza un ajuste que debería haberse comenzado a realizar hace 30 meses, sino también, a ejecutar cambios en las cuentas públicas nacionales, que fueron heredadas del kirchnerismo y que el macrismo decidió mantenerlas, por el simple hecho de que se temía las consecuencias políticas de un ajuste como el que ahora deberemos enfrentar (otra pésima decisión de Jaime Durán Barba y Marcos Peña, que tarde o temprano, van a pagar el costo político de sus errores o, en todo caso, los terminarán pagándolo Mauricio Macri, en su nombre; eso será elección presidencial).
En cierto sentido, negociar con el FMI fue más sencillo de lo que debe negociarse a nivel local a partir de ahora para cumplir con el FMI. Como ya se ha dicho, nadie quiere hacer el ajuste. La Casa Rosada deriva parte de sus ajustes a las provincias, a los bolsillos de las familias y requiere, otra vez, de la inversión del sector privado para financiar obras. En todo caso, el mayor recorte que tendrán en el Poder Ejecutivo son empleados públicos, pasajes de avión, autos, choferes y negocios contratando consultorías.
¿Cómo lograr el apoyo del Congreso y de los Gobernadores luego del fracaso con el tema tarifas o la despenalización del aborto, que a la Casa Rosada se le fue de las manos y está causando una dura fricción interna dentro de “Cambiemos”? Domingo Felipe Cavallo había logrado negociar un “Blindaje” por US$ 40.000M en 2001, pero la clase política y el “Círculo Rojo” de este momento había resuelto que el tiempo político de Fernando de la Rúa y el tiempo económico de la “convertibilidad”, habían llegado a su fin.
No se puede comparar al Mauricio Macri de 2018 con el Fernando de la Rúa de 2001. No sólo son personalidades distintas, situaciones internas partidarias y de alianza gobernante diferente, Gobernadores y el Congreso no se asemejan al de aquellos años y el “Círculo Rojo” hoy, todavía, prefiere apostar sobre seguro que volver al pasado. Pero eso no alcanza.
A partir de ahora, el Gobierno de Mauricio Macri deberá demostrar una capacidad de negociación política que no tuvo en estos 30 meses (quizás por eso el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, comienza a lucir su, posiblemente, futuro cargo de Canciller; mientras que la Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; hacen de nuevos “operadores políticos”).
Además, deberá hacer el ajuste económico que no hizo en 30 meses. En este caso, no es casual que los encargados de cumplir con lo prometido con el FMI sean el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el “Coordinador Económico”, Nicolás Dujovne; mientras que quedaron fuera de la negociación y de los anuncios tanto Marcos Peña, como sus dos “manos derechas”, Mario Quintana y Guillermo Lopetegui; en un giro inesperado de esta crisis, donde Mauricio Macri desplazó a las tres personas a las que tenía más confianza, pero que nos llevaron a esta crisis innecesaria.
Las metas están establecidas. Sabemos quienes pagarán el costo del ajuste. La negociación política comenzó. El mayor problema será contener el conflicto social. Por ahora, el Gobierno aisló a Hugo Moyano de la CGT. Pero el jueves 14/06 habrá paro de “Camioneros”, de las 3 CTA y cortes de accesos a la capital federal. Allí comenzará la verdadera pulseada por el poder.
