Sin embargo, el metrodelegado aclaró "aunque no tenemos personería gremial, seguimos siendo un sindicato" y respecto a las sanciones que anunció el Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca por las medidas de fuerza sostuvo "es algo ilegal e inconstitucional, aunque no me sorprendería viniendo de este gobierno".
Este año se tratará la nueva concesión del servicio del subte, que hace dos décadas gestiona el Grupo Roggio a través de Metrovías. La licitación está abierta a firmas extranjeras, y algunas empresas europeas recorrieron la red del subterráneo en marzo. De todas maneras, para Pianelli la solución es otra.
"Creemos que el transporte público, no solo el subte, tiene que ser estatal. ¿Qué sentido tiene que el Estado financie la ganancia de un grupo empresario? Todo el sistema de transporte genera perdida, no sólo acá sino en todo el mundo".
Asimismo, consideró que el Gobierno "realiza carriles exclusivos para colectivos por un lobista de la industria automotriz como (Guillermo) Dietrich. Argentina es el único país donde se desarrolla eso antes que el subte, que descongestiona el tránsito, es más ecológico y seguro".
Este jueves se realizó la audiencia pública que habilita al gobierno de la Ciudad, a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) a aumentar la tarifa técnica y por ende el pasaje. A partir del 02/05, la tarifa pasará de $7,50 a $11 y desde junio será de $12,50.
Para Pianelli, el aumento "es irracional. Si les suben a los trabajadores el 13% no pueden pedir que paguen 66% de aumento en el subte".
A eso agregó una idea radical: "Los liberales en serio plantean que el transporte debe ser grátis. Lo propuso (Angela) Merkel en Alemania y (Emmanuel) Macron para París. Se financiaría con subsidios en base a impuestos a las empresas, que paguen el costo. ¿Cuánto rinde una persona que viaja dos horas de ida y dos de vuelta?", se preguntó.
El presidente de Sbase, Eduardo De Montmollin, explicó que son los usuarios que no utilizan el subterráneo los que más impuestos aportan para subsidiar el servicio, una tendencia que no cambia al pasar los años. Representará el 61,3%, tras los cambios en las tarifas.
Según Pianelli, esto representa un problema para el Gobierno porque "tienen una mirada mercantilista de todo, para ellos el transporte es una mercancía, para nosotros un derecho para todo el mundo. Aquellos que no tienen hijos que mandar al colegio igual sustentan la educación pública, quienes tienen obra social igual mantienen la salud pública".
De todas maneras, aclaró que "la decisión está en cuánto paga cada uno, son las empresas las que deben pagar impuestos para mantener el servicio, para que las personas puedan rendir más en sus trabajos".
Otra polémica que se dio semanas atrás fueron los trenes con asbesto en la línea B, comprados a Madrid durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad y que fueron prohibidos en España.
"No hay garantía respecto a los coches CAF 6000 con asbesto. Estamos muy preocupados porque el proceso de inspección va muy lento, hay que revisarlas todavía", puntualizó Pianelli finalmente.
