No obstante, la defensa de Da Silva alega que, de acuerdo con la Constitución brasileña, una persona no puede ser encarcelada antes de que sean negadas todas las apelaciones posibles, las cuales aún contemplan como próximas instancias al Superior Tribunal de Justicia y al propio Supremo.
Cabe destacar que el pasado 24/01, esa corte ratificó y aumentó de 9 a 12 años de cárcel la condena dictada por un tribunal de primera instancia contra Lula por los delitos de corrupción y lavado de dinero, asociados en ambos casos al escándalo detectado en la estatal Petrobras.
Esa causa, una de las 7 que el ex presidente brasileño afronta en los tribunales, se refiere a lo que en la justicia se ha definido como "ocultación de patrimonio", en alusión a un apartamento en un balneario del estado de San Pablo que Da Silva presuntamente recibió a cambio de favorecer negocios de la constructora OAS con la petrolera.