El protocolo
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El problema es que por ley (la 3.343) ningún desalojo puede ser involuntario, forzoso o sin consentimiento. Además, las fuerzas de seguridad solo pueden ingresar a un domicilio con una orden judicial, en el marco de una investigación.
Pero el protocolo oficial fija que la "relocalización involuntaria compulsiva", tal como la definen, se efectuará sin el consentimiento de la familia en cuestión. Sólo se habla de participación de las personas afectadas y de acceso a la información a través de "mesas de trabajo de relocalización".
"Allí las familias podrán meramente opinar e informarse de cómo será su desalojo forzoso. No hay real participación si la familia no tiene el derecho a que el GCBA no la desalojará o "relocalizará involuntariamente" sin su consentimiento", explican desde el Observatorio del Derecho, al tanto de iniciativa oficial.
Por otro lado, el protocolo que sería establecido mediante una resolución de la Secretaría de Integración Social y Urbana, nunca hace mención a que el GCBA no puede obligar a las familias a relocalizarse en respuestas habitacionales con las cuales no estén de acuerdo. Tampoco exige el consentimiento de las familias que si aceptaron ser relocalizadas respecto a la solución habitacional definitiva que recibirán.
Los casos en los que se relocalizará involuntariamente serán, por ejemplo cuando haya sectores emplazados en zonas de riesgo (bajo autopista, cercanía a las vías del FFCC, en sectores con peligro de derrumbe). También en caso de construcciones precarias irrecuperables.
En las relocalizaciones hacia las viviendas recientemente construidas denominadas La Containera, el GCBA se encontró con fuertes resistencias por parte de las familias, que no estaban de acuerdo con aspectos nodales del diseño y los materiales de las viviendas.
Estos cambios implican que 118 familias tienen que mudarse: algunas ya lo hicieron, otras lo harán en las próximas semanas y en los próximos meses. El plan del gobierno porteño es que dejen el lugar que será urbanizado para habitar departamentos que comenzarán a pagar en cuanto tengan los títulos de propiedad.
Pero la urbanización y la relocalización de familias no es la única cuestión por la cual la Secretaría de Integración Social está en la mira. Al menos 60 personas fueron despedidas recientemente. Primero fueron 10 que, según fuentes del gobierno porteño, sus contratos no fueron renovados por mal desempeño. Luego fueron otras 50 que durante dos meses se negaron a trabajar, a modo de protesta, y corrieron con la misma suerte.
