El juez federal Julián Ercolini ordenó este jueves la intervención judicial de la empresa Hotesur, en el marco de una causa judicial donde ya fue indagada la expresidente Cristina Fernández por presunto lavado de dinero en esa empresa familiar.
El magistrado ordenó la intervención de la empresa, dueña del hotel Alto Calafate, en la causa que se sospecha por el alquiler de plazas hoteleras al empresario detenido Lázaro Báez.
La hipótesis investigativa es que Báez, uno de los empresarios más beneficiado por licitación de obra pública, pagó a modo de retornos los alquileres a la familia Kirchner: unos $27 millones.
El gerenciamiento de Hotesur estaba en manos de IDEA S.A, la empresa cuyo titular es Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en emprendimientos inmobiliarios, y el fiscal Gerardo Pollicita remarcó que el 20/12 pasado los accionistas de aquella primera empresa votaron la renuncia de sus directores titulares y suplentes y no designaron a ninguna persona.
Al quedar acéfalo, la Inspección General de Justicia (IJG) incluso, recordó el juez Ercolini en su fallo, había sugerido la intervención judicial con facultades de administración y co-administración.
En la causa ya fueron indagados Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia –que eran directores de la empresa– y Báez, entre otros acusados, y Ercolini debe resolver si procesa a los implicados.
El juez ya había dispuesto varias medidas cautelares, como el embargo e inhibición de bienes de los acusados. Y ahora sumó la intervención judicial, que había sido solicitada por el fiscal Pollicita.
"Debe tenerse en cuenta que el día 20/12/17 los accionistas de la firma Hotesur SA aceptaron la renuncia de sus directores titulares y suplentes y no designaron a ninguna persona en su reemplazo, por lo que su órgano de administración (directorio) se encuentra acéfalo y vacante", explicó el juez y agregó que esto significa que "en la práctica la sociedad no pueda funcionar, ya que aquél es el órgano que decide, ejecuta y materializa los negocios de la sociedad día a día".
Ercolini señaló que con la intervención judicial "se puede conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con los negocios desarrollados hasta el momento y subsanar las deficiencias en lo que hace a su administración".