> Los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias subieron en otros $33.000 millones.
Estos datos muestran que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros.
Particularmente importante es el incremento en subsidios al transporte y en programas nacionales que se superponen con funciones y responsabilidades provinciales y municipales. Si a esto se suma la expansión de los gastos de la ANSeS se explica que la persistencia de la inflación no solo responde a la actualización de tarifas asociada a la reducción de subsidios a la energía sino a la perseverancia del elevado déficit fiscal.
El ordenamiento de las cuentas públicas depende de un ordenamiento institucional que respete la organización federal.
El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte, los cuales tienen como principal finalidad subsidiar a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios. Esto demuestra que se pueden ahorrar recursos a partir de que la Nación abandone la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales.
En paralelo, urge abordar una reforma previsional integral y un ordenamiento de las acciones que desarrolla la ANSeS. El 38% del gasto primario nacional son jubilaciones y su crecimiento en el 2017 representó el 62% del crecimiento del gasto total. Esta dinámica previsional es el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas.
La revisión de la fórmula de movilidad atacó uno de los problemas, pero queda pendiente revisar muchas otras inconsistencias. Por ejemplo, la duplicación de cobertura que genera la regla de pensiones y la proliferación de regímenes especiales y diferenciales que dan injustificadamente jubilaciones tempranas y/o haberes más elevados a determinados colectivos de personas.
Algunos argumentan que imprimir mayor velocidad al ordenamiento del Estado perjudicaría a los sectores populares. Nada más lejos de la realidad. El lento gradualismo es lo que tiene impactos muy regresivos en la distribución del ingreso.
A noviembre del 2017, el déficit fiscal creció en $88.000 millones respecto al 2016, explicado en su totalidad por el incremento en el pago de intereses de deuda.
Querer controlar la inflación vía más deuda pública –para contener la emisión monetaria– es regresivo porque no reduce la inflación y asigna una masa creciente de fondos públicos a pagar más intereses de deuda que, en general, benefician a las personas de altos ingresos.
